Ley de Glaciares: El ingreso al RIGI de otro proyecto, consolida a San Juan como el gran 'cómplice'
Con gran liderazgo en el RIGI por los múltiples proyectos aprobados (hoy oficializaron el de la ampliación en la mina Veladero), San Juan se consolida como la gran aliada para la reforma de la Ley de Glaciares.
01 de abril de 2026 - 11:35
El Ministerio de Economía oficializó hoy la aprobación de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un proyecto de ampliación en la mina Veladero, en San Juan, con una inversión superior a los US$380 millones, en una medida que se formalizó mediante la Resolución 413/2026 publicada en el Boletín Oficial, y que consolida al gobierno de San Juan como el gran ganador del RIGI y un gran aliado del Gobierno de Javier Milei para la reforma de la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción en el Senado.
La iniciativa corresponde a la empresa Minera Andina del Sol S.R.L. Sucursal Dedicada 1 y contempla el desarrollo de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación en valle, una ampliación de un proyecto preexistente que ya se encuentra en operación.
Según lo dispuesto, el proyecto implica una inversión total de US$380.116.079,91 y apunta a incrementar la capacidad productiva de la mina sin modificar su vida útil, estimada en siete años.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había realizado el anuncio de su ingreso hace poco más de un mes cuando no solo validó una ampliación clave para uno de los yacimientos más importantes del país, sino que además consolidaba a la provincia como la principal protagonista del esquema nacional de promoción minera.
Más producción de oro y plata
La ampliación permitirá incorporar nuevas plataformas de lixiviación para procesar mineral, con el objetivo de sumar 1.626.034 onzas adicionales de oro, además de plata, que serán destinadas a exportación en forma de bullion doré.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la iniciativa cumple con los requisitos del RIGI, un régimen creado por la Ley 27.742 para fomentar grandes inversiones con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, y al que la provincia de San Juan se sumó inmediatamente.
Fue, en efecto, la primera en presentar proyectos y hoy lidera tanto en cantidad como en montos comprometidos Fue, en efecto, la primera en presentar proyectos y hoy lidera tanto en cantidad como en montos comprometidos
La inversión de la empresa
Instalaciones de la Barrick Gold en San Juan.
El proyecto en cuestión se encuadra en el sector minería, dentro del subsector de minerales de primera y segunda categoría, excluyendo potasio y litio.
La fecha de adhesión al régimen fue fijada el 28 de enero de 2026. A partir de allí, la empresa deberá cumplir con metas de inversión: al menos el 40% del monto mínimo en los primeros dos años y el total antes del 31 de diciembre de 2028.
Además, se aprobó el listado de bienes que podrán importarse con beneficios y se habilitó la aplicación de incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, con intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
No obstante, se aclaró que la empresa no solicitó el acceso al beneficio de libre disponibilidad de divisas por exportaciones.
La Secretaría de Minería será la encargada de fiscalizar el cumplimiento del plan de inversión, mientras que el proyecto fue previamente evaluado por el Comité Evaluador del RIGI, que recomendó su aprobación tras analizar su factibilidad técnica, económica y financiera.
3 de los 13 proyectos RIGI aprobados son de San Juan
Hasta ahora, aprobaron 13 proyectos que en conjunto suman inversiones por más de US$18.350 millones, distribuidos en distintas provincias, y entre ellas San Juan concentra tres de las iniciativas.
Los Azules: impulsado por McEwen Copper, prevé una inversión de US$2672 millones para la exploración y futura explotación de cobre.
Gualcamayo: a cargo de Minas Argentinas, contempla US$665 millones para extender la producción de oro y plata, con impacto directo en el empleo.
Veladero: implica una ampliación de la histórica mina sanjuanina con una inversión superior a US$380 millones.
veladero_10-2022
Veladero es operada en forma conjunta por la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, que mantienen participación accionaria igualitaria. Minera Andina del Sol SRL es una joint venture creada en 2017, integrada por la canadiense y la china, siendo el sucesor de lo que anteriormente se conocía como Minera Argentina Gold SRL.
San Juan acumula así compromisos por 3.717 millones de dólares distribuidos en tres proyectos, más los que aún están en carpeta, que convierten al gobierno provincial en un gran "cómplice" la reforma de la Ley de Glaciares, a los que apuntan los críticos.
Es que más allá de Glencore, BHP, Lundin, McEwen Cooper, Río Tinto y Barrick Gold, algunas de las multinacionales que impulsan proyectos mineros en áreas protegidas por esa Ley de Glaciares, en el blanco de la voces que se oponen están también la complicidad de gobernadores de San Juan, Catamarca, La Rioja y Mendoza... Es que más allá de Glencore, BHP, Lundin, McEwen Cooper, Río Tinto y Barrick Gold, algunas de las multinacionales que impulsan proyectos mineros en áreas protegidas por esa Ley de Glaciares, en el blanco de la voces que se oponen están también la complicidad de gobernadores de San Juan, Catamarca, La Rioja y Mendoza...
Cabe mencionar que la reforma de la Ley de Glaciares que busca aprobar el Gobierno de Javier Milei tiene media sanción en el Senado, y según oficialismo, los votos necesarios para su aprobación en Diputados, tras el respaldo de bloques aliados como el PRO, sectores de la UCR y legisladores peronistas de las provincias del norte.
Además de gobernadores de provincias con fuerte actividad extractiva, agrupadas en espacios como la "Mesa del Litio" y la "Mesa del Cobre", el proyecto de reforma es impulsado por grandes empresas mineras y cámaras del sector, como la Cámara Argentina de Empresas Mineras.
Cuenta también cuenta con el apoyo de la AmCham Argentina y sectores vinculados al gobierno de Donald Trump, en un contexto de creciente interés internacional por los recursos estratégicos.
Lo que propone es modificar aspectos centrales de la Ley 26.639, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas clave de agua. Y entre los cambios más cuestionados figura la posibilidad de habilitar actividades económicas, especialmente minería a gran escala, en zonas actualmente protegidas.
Según diarios de las provincias del norte, los especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que la reforma implicaría una reducción de los niveles de protección en un contexto de crisis climática y retroceso de los glaciares. Y alertan que podría afectar el caudal de ríos y cuencas hídricas, fundamentales para el abastecimiento de agua.
En ese contexto, la socióloga María Eugenia González Cuidet señaló al 'Diario Norte' esta semana, que el proyecto introduce criterios de "función hídrica comprobada" para definir qué áreas proteger, lo que podría dejar sin cobertura a zonas que, aunque no tengan un impacto directo verificable, cumplen roles ambientales clave. Según explicó, esto contradice principios básicos del derecho ambiental, como el precautorio y el de progresividad.
Cuestionamientos a las audiencias
image
Por otra parte, el debate también estuvo atravesado por cuestionamientos al proceso de participación pública. Aunque el Gobierno convocó a una audiencia, más de 120 mil personas se inscribieron y solo unas 300 pudieron exponer.
De allí que denunciaron irregularidades y señalaron que el mecanismo no cumplió con estándares establecidos por la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Incluso, durante la audiencia, el abogado ambientalista Enrique Viale denunció vínculos entre legisladores y empresas mineras, y sostuvo que la reforma beneficiaría a grandes compañías internacionales. Entre ellas mencionó a Barrick Gold, BHP y Glencore.
En tanto, mientras algunos sectores impulsan una consulta popular, otros anticipan que, de aprobarse, la ley será judicializada En tanto, mientras algunos sectores impulsan una consulta popular, otros anticipan que, de aprobarse, la ley será judicializada
