"Si vienen privados, ¿a qué se van a dedicar? Al lucro, a la ganancia. Hoy los trabajadores están en perfectas condiciones. Nosotros brindamos servicio”, apuntó Molina. En ese orden, también anticipó que presentarán resistencia ante el avance en los cambios propuestos a pesar de que el directorio de la empresa se comprometió a mantener intactas las condiciones laborales.
"Vamos a ver las medidas y los pasos a seguir. Tenemos muchas maneras de resistir este nuevo avance sobre el patrimonio de todos los cordobeses. El paro no es el único camino. De todos modos, las acciones a realizar se deben decidir entre todos los organismos internos de nuestra conducción", adelantó. Actualmente, EPEC emplea a más de 3.000 trabajadores que están nucleados en Luz y Fuerza, además de generar miles de puestos de trabajo indirectos derivados al sistema de cooperativas que operan en cada localidad conectadas al sistema de distribución provincial.
Qué dice el Gobierno provincial
Como respuesta ante los señalamientos de Luz y Fuerza, fuentes oficiales descartaron un posible proceso de privatización para EPEC. Según el ministro de Vinculación y Comunicación, Daniel Pastore, la transformación de la empresa corresponde a una adecuación a la Ley Bases, que exige cambios en las compañías estatales de las provincias.
"Hay una normativa que obliga a los estados a adecuar a sus entes a estas nuevas reglas. Estamos en ese proceso en este momento con todas las agencias, con Lotería de Córdoba, con la terminal de ómnibus, y se encuentra también en este proceso Epec”, explicó el funcionario a La Voz. Además, destacó el buen funcionamiento de la empresa y negó el "interés en privatizar ni en incorporar capital privado”.
Luz y fuerza bajo la lupa
La nueva polémica en torno a EPEC se suma a la reciente elevación a juicio que sufrió la cúpula de Luz y Fuerza en Córdoba por presunta asociación ilícita, desvío de fondos y lavado de activos. La causa, que apunta directamente contra Molina y otros gremialistas fue elevada por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.
La denuncia original al respecto data del 2019, luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF) diera cuenta de un informe sobre movimientos financieros inusuales dentro de las arcas del gremio. El monitoreo se extiende hasta el 2012, llegando incluso a la anterior gestión dentro del sindicato.
Según la investigación, dentro de Luz y Fuerza habrían tenido lugar maniobras como firma de cheques a miembros de la cúpula o en favor de terceros jurídicos o físicos que mantenían vínculos con el sindicato. Además, la Justicia señaló la existencia de un Fondo Compensador que servía de desvío hacia el patrimonio de los líderes de la organización.
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EPEC podría pasar a ser una S.A.
