"La magistrada instructora no ha ponderado todas las aristas que se desprenden de la impugnación formulada y que pueden estar relacionadas con la pesquisa", agregaron los jueces en la resolución que consigna la agencia Télam, que omite nombrar a los sospechados, probablemente por que Verbitsky, actual director del portal El Cohete a la Luna, es uno de los periodistas más influyentes en el kirchnerismo.
“El hecho atribuido por los impugnantes se centra en el acontecimiento del 2 de julio de 1976, a las 13.20 h. Mediante la colocación de un poderoso artefacto explosivo, que detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno 1431 de la Capital Federal, se ocasionó el fallecimiento de 24 personas y más 60 resultaron heridas. Al respecto, indicaron como responsables a Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza; entre otras personas que integraran la Organización Montoneros”, precisaron los jueces en su decisión, de acuerdo a Infobae.com.
En 2006, la jueza federal María Servini rechazó una denuncia contra los presuntos autores del atentado por entender que no era un crimen de lesa humanidad. El caso escaló a la Corte Suprema que confirmó ese criterio. Pero a fin del año pasado, un grupo organizaciones civiles y 400 abogados se presentaron en el juzgado para pedir la reapertura de la causa y solicitar que sea declarado imprescriptible. En ese contexto solicitaron llamados a indagatorias y capturas de los líderes de la organización.
Quien plantó la bomba estilo "vietnamita" que estalló en la dependencia de la calle Moreno, en la Capital Federal, fue José María Salgado, quien luego fue secuestrado, torturado y asesinado por el aparato represivo de la última dictadura militar. El saldo fue de 24 muertos y al menos 60 heridos. Las víctimas fatales fueron 3 oficiales de la Policía Federal, 20 suboficiales y una mujer civil. La historia de este atentado fue contada por el periodista Ceferino Reato en su libro 'Masacre en el comedor', publicado este año.
El pedido de reapertura fue impulsado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, y adherida por el Foro de Generales Retirados, el Círculo Militar, el Foro de Almirantes, la Unión de Promociones, que reúne a miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad; la Asociación Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, la Unión del Personal Militar Asociación Civil (Upmac) y la Corporación de Abogados Católicos, entre otras entidades.
Quien celebró el fallo de la Cámara fue la diputada de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, quien además es dirigente de la Asociación Civil que nuclea a las víctimas de las organizaciones guerrilleras.
"Los montoneros deben estar presos e inhabilitados de ocupar cargos públicos. Celebro este fallo judicial que recepta la lucha de muchas personas que hemos ido contra viento y marea para q se termine la impunidad de los terroristas en Argentina", sostuvo la legisladora a través de las redes sociales.
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