Así las cosas, el sindicalismo argentino sigue operando con total violencia e impunidad, y con la excusa de la "lucha" por mejoras salariales y derechos de los trabajadores, los reclamos terminan siendo extorsivos, anárquicos y con niveles de violencia realmente preocupantes.
Mientras tanto, el Gobierno parece no poder controlar a los sindicatos ni la violencia que ejercen. Incluso, el gremio de neumáticos tomó una de las sedes del Estado, específicamente el cuarto piso del Ministerio del Trabajo, en ese edificio, nueve hombres violentos tomaron el lugar con total impunidad, y toma por la que las autoridades no pudieron hacer nada. El Gobierno tampoco sirvió como mediador en el conflicto, ya que la reunión que se realizó este lunes 26/09 con dicho gremio y el sector empresario fracasó.
La oposición aprovecha y culpa al Gobierno
En medio de toda la violencia sindical, también hay espacio para la oposición, quienes salieron a responsabilizar al Gobierno por la anarquía con la que se manejan los gremialistas. Por ejemplo, cuando salió a la luz el caso de la patota violenta de Camioneros en Avellaneda, fueron varios los dirigentes que salieron a cruzar a los líderes gremiales y al oficialismo.
"Hoy los argentinos somos rehenes de un par de mafiosos que se creen dueños del país, mientras el Gobierno sigue en Narnia. Urge volver a poner las cosas en su lugar para que Argentina vuelva a ser de los que se esfuerzan por salir adelante", escribió en Twitter la diputada nacional María Eugenia Vidal.
Otro que se pronunció al respecto fue el diputado nacional libertario José Luis Espert, quien primero pidió "cárcel o bala" para los gremialistas que tomen empresas y luego redobló la apuesta pidiendo que se les pidió que los sindicatos que cierren empresas pierdan la personería gremial: “Sindicato que cierra empresas, pierde la personería gremial”, escribió el legislador en sus redes sociales.
Por otro lado, en los últimos días 14 diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley mediante el cual se sanciona con reclusión o prisión de tres a ocho años a aquellas personas quienes, bajo el pretexto de razones gremiales, impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial.
En ese sentido, el proyecto de ley de la oposición también propone que quedarán inhabilitados para ejercer su representación gremial por el doble del tiempo de la pena.
