Con el decreto firmado por Fernández, CADRA podrá actuar ahora en todo el país. Este señala que se le otorga a la entidad "la legitimación exclusiva judicial y administrativa dentro del territorio nacional para la defensa de los derechos intelectuales de los autores y las autoras, sus herederos/as y los editores y las editoras de obras literarias y científicas por los derechos de reproducción reprográfica analógica parcial, parcial o total en caso de la reproducción digital o de cualquier otro tipo".
El decreto aclara que quedan exentos de pagar el canon las bibliotecas públicas y populares, los archivos y los museos y añade que "las Universidades Públicas y/o instituciones representativas de colectivos económicamente desfavorecidos podrán solicitar al MINISTERIO DE CULTURA la reducción o eximición del pago de la tarifa exigible cuando estas demuestren que, por su onerosidad, su cumplimiento pone en riesgo el acceso al material educativo y/o con fines de investigación por parte de la población usuaria".
El último, al decir gauchesco, "pa'l estribo.
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