Gracias a eso, tras varios meses de indagación, se pudo establecer el perfil del acusado e iniciar el proceso de búsqueda del autor de las falsas notificaciones. Por lo tanto, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de CABA, Sebastián Ramos, ordenó el allanamiento en el barrio de Mataderos en la vivienda de la titular de la línea telefónica.
El adolescente confesó ser el responsable de los llamados, por lo tanto la Justicia determinó que los adultos responsables del menor de edad deberán afrontar todos los gastos administrativos. La ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, manifestó que “tal como lo hicimos con las escuelas tomadas, les transferiremos a los adultos responsables el costo laboral que implica el día de clase perdido"
"Cada vez que se pierda un día de clases por una amenaza de bomba, vamos a denunciar penalmente y enviaremos a la Procuración General de la Ciudad un informe técnico cuantificando el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal de las escuelas afectadas”
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