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En Córdoba rechazan a Uber.
El último encontronazo entre Uber y la Municipalidad de Córdoba se dio ayer, cuando el Gobierno de Martín Llaryora realizó un procedimiento en presuntas oficinas que la empresa habría tenido en la capital provincial. La clausura, apuntada en barrio General Paz, se motivó por el supuesto funcionamiento de una oficina de “transporte ilegal”, tal y como calificó la Municipalidad.
Según la Secretaría de Transporte de la Municipalidad, la oficina ya había sido clausurada en otras oportunidades. Sin embargo, esta seguía funcionando con normalidad.
Para el Estado municipal, las oficinas son similares a las “remiserías truchas”. O al menos así se trata a Uber en la práctica.
“En forma independiente de la marca con la que funcione una agencia ilegal, el operativo de control y clausura que se lleva adelante es similar al que se realiza al detectar cualquiera de las remiserías ilegales que han sido clausuradas en la ciudad”, explicó Marcelo Rodio, secretario de Transporte. Semanas antes, el mismo funcionario había estado presente en un operativo sorpresa en el Aeropuerto de Córdoba, en el que se incautaron decenas de vehículos.
Así las cosas, Uber sigue “enguerrada” contra la Municipalidad de Córdoba, que no parece dispuesta a dar el brazo a torcer. Ahora bien, ¿Por qué la empresa insiste?
Porque a nivel internacional existen varios antecedentes en los que una instancia judicial alta permitió el libre funcionamiento de la plataforma. En ese caso, cada procedimiento en contra de Uber podría suponer una futura demanda de la empresa contra la Municipalidad, aunque eso no sucederá bajo esta gestión.
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