“El embarazo no intencional en la adolescencia es una vulneración de derechos que limita la libertad y autonomía de los y las adolescentes, principalmente de las mujeres”, expresó Mariana Isasi, Jefa de Oficina de UNFPA Argentina.
Al mismo tiempo que resaltó la necesidad de mejorar las políticas gubernamentales respecto al tema, abarcando desde la facilitación del acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva hasta la diversificación de alternativas en métodos anticonceptivos.
Para ser más precisos, los últimos datos que investigan las repercusiones socioeconómicas del embarazo durante la adolescencia en Argentina han revelado que las tasas de fertilidad en esta etapa de la vida están correlacionadas con mayores índices de deserción escolar. Particularmente, un 38% logra completar la educación secundaria, mientras que solo un 3% accede a la educación terciaria y un 1% llega a la universidad.
Además, desde una óptica económica, se ha establecido, que la maternidad precoz genera costos socioeconómicos que alcanzan los 568 millones de dólares, y otros 140 millones se destinan a la atención de embarazos que podrían haber sido prevenidos mediante los métodos adecuados.
“La trayectoria de vida de una adolescente cambia drásticamente si tiene un hijo o hija antes de los 19 años. Los datos muestran que ser madre en la adolescencia disminuye la probabilidad de finalizar el secundario y los estudios terciarios o universitarios. Además, afecta otros derechos y trayectorias de vida individuales y colectivos. Por ejemplo, el nivel de ingreso de las mujeres depende de su nivel educativo, entonces las que tienen un hijo en la adolescencia ven disminuida su posibilidad de generar ingresos más altos, con trabajos más calificados”, agregó Isasi.
“A su vez, implica un impacto socioeconómico negativo para el Estado cuando estas mujeres no se integran al mercado laboral y debe invertir en atención médica de los embarazos, parto, posparto, y en la atención de esos niños y niñas”, culminó diciendo Mariana Isasi. “A su vez, implica un impacto socioeconómico negativo para el Estado cuando estas mujeres no se integran al mercado laboral y debe invertir en atención médica de los embarazos, parto, posparto, y en la atención de esos niños y niñas”, culminó diciendo Mariana Isasi.
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