El semanario Veja, de S. Paulo, lo explica así:
Entre los meses de marzo y mayo de 2006, el nivel de turbulencia política en Brasilia alcanzó su punto más crítico desde el impeachment (juicio político) al presidente Fernando Collor, en septiembre de 1992.
La Comissão Parlamentar de Inquérito (Comité de Investigación) que investigaba el 'Mensalão' (N. de la R.: escándalo de corrupción del PT y algunos aliados comenzando por el ex Partido Liberal luego Partido de la República) había desbaratado la banda de petistas que actuaba en el corazón del gobierno, desviando dinero público para sobornar políticos y financiar las campañas del partido.
La crisis era una amenaza para el mandato de Lula. Era necesario hacer algo y, de acuerdo con lo que demostró un informe de VEJA de la semana pasada (edición 2248 del 21/12), el PT contrató y pagó a un estafador para fabricar la Lista Furnas –un documento falso que intentó involucrar a políticos de la oposición con la financiación electoral. Una estrategia que apuntó a nivelar para abajo la clase política brasileña y minimizar la gravedad del esquema de pago de soborno montado por el Partido dos Trabalhadores.
La Lista de Furnas, se descubre ahora, tenía un objetivo bastante más ambicioso que solo confundir a los incautos: ella fue producida por los petistas para intentar salvar al entonces presidente Lula.
La confesión está registrada en un informe de la Policia Federal adjuntado al proceso judicial que corre confidencialmente en la 2ª. Instancia Criminal federal, de Rio de Janeiro. VEJA tuvo acceso al contenido del documento.
Durante el escándalo del Mensalão, la Policía Federal monitoreó durante varios meses las conversaciones telefónicas entre el estafador Nilton Monteiro -autor de la Lista de Furnas-, y sus cómplices –diputados y asesores del PT-.
Los diálogos muestran al grupo combinando los detalles de la farsa (“Nosotros vamos a terminar con toditos”) recogiendo las firmas que darían “credibilidad” a la trama (“Yo ya estoy aquí con José Carlos Alelui”) y negociando pagos de honorarios, sea en dinero, sea en negocios con empresas estatales relacionadas al Ejecutivo Nacional (“Son aquellos negocios que pedí de la Caixa y del Banco do Brasil para que se autoricen para mi…”). En la página 29 del informe, los investigadores transcriben el motivo del delito en palabras del propio criminal: “El documento es la salvación de Lula”.
En una confidencia a su mujer, capturada por los policías, Milton Monteiro dice que mostró una copia de la Lista de Furnas a los petistas, y “el personal quedó loco”. El documento, en palabras del falsificador, era una tabla de salvación para el Presidente y para los petistas involucrados en el Mensalão. Consciente del triunfo que tenía entre manos, él comenta, como estafador profesional que es, que había llegado el momento de combinar el pago de la recompensa.
Las investigaciones policiales se detuvieron en ese momento, pero lo que sucedió después es de conocimiento público. Nilton Monteiro presentó la falsificación al Congreso y al Supremo Tribunal Federal, concedió entrevistas periodísticas, prestó declaración testimonial y desapareció. Hoy, el falsificador está preso en Belo Horizonte por extorsionar abogados y políticos, siempre usando documentos falsificados. Él responde por 55 demandas judiciales, la mayoría por estafa. Desde octubre, fecha de su detención, tuvo 3 pedidos de libertad negados por la justicia.
La semana pasada, después de las revelaciones de VEJA, los partidos políticos DEM (Demócratas) y el PSDB, ingresaron un pedido de investigación del caso junto a la Procuradoria General de la República.
“Episodios como éste muestran que el PT insiste en usar la ferocidad, y afrenta a la democracia”, afirmó el líder del DEM en el Senado, José Agripino Maia.
Los financiadores también pueden ser obligados a responder por la trama. La oposición pidió que la asamblea legislativa minera abra un proceso de investigación por violación del decoro parlamentario contra el petista Rogério Correia, quien aparece en las grabaciones ayudando –y remunerando– al falsificador Nilton Monteiro.
Si políticamente los parlamentarios involucrados no quedan imputados en la esfera criminal, existen previsiones sombrías de que, tal como ocurrió en el Mensalão, todo termine impune.
La única investigación oficial que corre sobre el caso todavía no arribó a ninguna conclusión, a pesar de estar abierta hace 5 años, inclusive con un comunicado confirmando la falsedad de la Lista de Furnas.
Peor, la Lista de Furnas ni siquiera es considerada un punto neurálgico del proceso abierto. “El foco está en las licitaciones mencionadas en la Lista de Furnas. La lista es solo una parte del caso”, dice la fiscal de la República Andrea Bayão. El plan petista todavía parece exitoso.
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Impunidad anunciada
En febrero de 2006, el juez Ricardo Lewandowski fue nombrado por el presidente Lula da Silva para ocupar un asiento en la más alta corte del país, el Supremo Tribunal Federal.
Lewandowski era el primer ministro que nombraba el líder petista desde el descubrimiento, el año anterior, del escándalo del Mensalão, el mayor esquema de corrupción de la historia de Brasil.
Al ser entrevistado por emisarios del Planalto y conversar con Lula antes del nombramiento, Lewandowski ya estaba totalmente conciente de que tendría, en los años siguientes, la misión de juzgar el proceso que resultaría de la revelación de que el gobierno del PT habría pagado una mensualidad no formal a un número de parlamentarios a cambio de su voto en el recinto (N. de la R.: en la Argentina se conoció un caso similar llamado Banelco, aunque en Brasil era como un sueldo, un ingreso regular informal mientras que la Banelco fue por una votación extraordinaria).
El ministro Lewandowski no solamente conocía esa realidad sino que él era cercano a figuras importantes del PT.
Graduado en la Facultad de Derecho de São Bernardo do Campo, cuna sindical del petismo, y profesor con maestría y doctorado en la Universidad de São Paulo, Lewandowski conocía a la familia Lula desde joven. Su madre, por ejemplo, era vecina de la ex primera dama Marisa Letícia, mujer de Lula.
Relaciones personales con poderosos no le impiden a nadie asumir un cargo público de relevancia. Para los asientos en el STF se exige conocimiento jurídico y reputación intachable.
Además de esos 2 requisitos constitucionales, se espera de un ministro de la Suprema Corte, independencia en relación al Presidente de la República que lo designó.
Desde que asumió, la actuación de Lewandowski solo llamó la atención como portador de presagios malos –para la opinión pública y las instituciones– sobre el caso del Mensalão. La semana pasada, esa situación alcanzó su auge. En una entrevista al periódico Folha de S. Paulo, él informó que solo prevé definir su voto en el proceso hacia 2013 –lo que prorrogaría todavía más el desenlace del caso, cuya conclusión estaba prevista, en teoría, para el 1er. semestre de 2012-.
Por detrás de una cuestión meramente temporal hay una serie de cuestiones, todas favorables al PT y a la camarilla (grupo de personas alrededor de un jefe de Estado y conviven con él, tratando de influir en sus decisiones de gobierno) cuyos integrantes resultan los imputados del juicio.
El propio Lewandowski admite que, posponiendo el plazo para su fallo podría ocurrir una prescripción de buena parte de los delitos imputados a los 'mensaleiros'. Entre los integrantes necesarios de la asociación ilícita aparece el 'comisario político' José Dirceu, ex jefe de la Casa Civil.
Otra posible cuestión tiende a influir en el mapa de los votos.
El próximo año, los ministros Cesar Peluso y Carlos Ayres Britto tendrán que jubilarse. Los 2 forman parte de un grupo de 5 ministros señalados como defensores de la condena de los reos.
Si Lewandowski consuma la prórroga hasta 2013, Britto y Peluso no participarán del juicio. Darán lugar a sustitutos indicados por la presidente Dilma Rousseff.
Si depende del PT, tales sustitutos serán "compañeros ejemplares" y, por supuesto, pro-absolución de los imputados.
Desde 2006, el PT consiguió designar magistrados con ese perfil más 'amigable'.
Dilma mantuvo la melodía con el reciente nombramiento de Rosa Maria Weber, una jueza del Trabajo de carrera, con poca intimidad con las cuestiones delictivas.
O sea: si el juicio tuviera lugar posteriormente a la jubilación de Britto y Peluso, el PT tendrá más oportunidad de conseguir formar una mayoría segura en la Corte que impida la condena de sus líderes.
De este modo, podrá evitarse que el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil perjudique los proyectos electorales del partido (en 2012 hay elecciones municipales). Esa estrategia astuta, por supuesto, no pasa desapercibida en el plenario del Supremo Tribunal.
Atentos a la movilización, ministros del STF ya reaccionaron.
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Lewandowski justificó la posibilidad de prórroga con un argumento sólido como las nubes: solamente acabaría la lectura de todos los volúmenes de expedientes del proceso después de que reciba una especie de resumen del caso elaborado por el relator del juicio, Joaquim Barbosa.
En el papel de corrector del texto, Lewandowski debería empezar todo desde cero, segun afirmó. Es una herejía jurídica debidamente rechazada. Después de que la entrevista fue publicada, el presidente del STF, Cesar Peluso, envió un oficio a Joaquim Barbosa pidiendo que pusiera el texto del proceso, por completo, a disposición de todos los ministros inmediatamente, para que pudieran estudiar el caso a fondo, y, si quisieran, prepararan ya los votos.
La medida no era necesaria. Hace años que todos los autos del proceso del Mensalão están disponibles en Internet para los abogados de los reos, los integrantes del Ministerio Público y, por supuesto, para los ministros de la Corte. El oficio de Peluso era, en realidad, solo un gesto para dejar en claro su incomodidad con la amenaza de su colega de posponer el caso.
“No voy a dejar la presidencia del Supremo sin llevar antes ese proceso a juicio. Quiero hacerlo en agosto, como plazo tope”, dice el juez Peluso.
Carlos Ayres Britto, el otro ministro amenazado de no llegar a participar del juicio, también manifestó su insatisfacción. Preguntado sobre la posibilidad de no juzgar el Mensalão, fue conciso e irónico: “No trabajo con esa hipótesis. Quien tiene conocimiento de eso es el ministro (Lewandowski)”.
El tal Lewandowski tiene una posición particularmente privilegiada para lograr trabar el proceso. Él ejerce el papel de revisor de la acción. En acciones penales, como la del Mensalão, 2 magistrados tienen el deber de evaluar el proceso antes que los demás:
> primero, el relator;
> después el revisor.
Pero es el 2do. el responsable de pedir que sea acordada la fecha del juicio, después de analizar el caso y preparar su voto.
No existe legalmente un plazo para que él cumpla con esa tarea, pero los ministros entrevistados por VEJA, estiman que 3 meses serían suficientes para analizar el caso del Mensalão.
En la práctica, todo dependerá del choque entre la presión del PT a favor de posponer vs. la presión de integrantes del Supremo y de la sociedad en defensa del buen andar de las instituciones.
El propio Dirceu dice que cree en su absolución en el voto, por falta de pruebas, y no por prescripción. Por lo tanto, es imprescindible que ocurra la votación en tiempo y forma.
Llamado “jefe de quadrilha” en la denuncia del Ministerio Público, Dirceu responde por ambos cargos: la formación de "quadrilha" y la corrupción activa.
La prescripción de tales delitos, si fueran comprobados, depende directamente de la pena aplicada.
Como el proceso se viene arrastrando desde hace años, muchos reos solamente serán castigados si fueran condenados a penas de larga duración. Se trata de algo poco probable.
Como casi todos son responsables primarios y no tienen antecedentes penales, difícilmente recibirán penas máximas. Eso si prevalecen aspectos meramente técnicos. Ministros del STF afirman, sin embargo, que la ofensiva petista en el juicio pude tener un efecto adverso: aumentar la presión política en defensa de la adopción de penas más severas justamente para impedir la prescripción.
“Es muy pronto para saber si habrá prescripción. Debemos aguardar la conclusión sobre la culpa y la fijación de pena”, dice el ministro Marco Aurélio Mello. “Sin embargo, es impensable aumentar la pena para huir de la prescripción, así como posponer la sentencia por causa de las elecciones municipales de 2012”.
Desde que le fue ofrecida llevar el expediente de la denuncia contra los reos, en 2006, Lewandowski protagonizó los principales debates en torno al caso.
Los dos primeros sucedieron durante la aceptación de la denuncia, en 2007.
Al principio, el ministro fue encontrado 'in fraganti' intercambiando mensajes de computadora con la ministra Cármen Lúcia sobre los votos de sus compañeros. La revelación de los mensajes provocó enorme malestar en la Corte.
Días después, Lewandowski agravó todavía más la situación al afirmar que los ministros habían votado “con el cuchillo en el cuello” y que la tendencia del Supremo sería “suavizar hacia Dirceu”.
Durante el juicio que transformó a los 'mensaleiros' en reos, fue Lewandowski el más divergente del informe de Joaquim Barbosa, oponiéndose inclusive al encuadramiento de José Dirceu y José Genoíno en el delito de formación de una asociación ilícita.
Su identificación con la pauta petista es una pésima señal para el vigor de una institución fundamental como es el Supremo Tribunal Federal de Justicia.
