El dictamen modificado, rebautizado como “Ley que regula el servicio de intermediación digital para el transporte de personas”, volvió a entrar en la agenda parlamentaria sin haber pasado por la Comisión de Economía, una omisión que también ha generado críticas en diversos sectores.
Registro obligatorio y nuevas responsabilidades a las plataformas digitales de transporte
Una de las novedades más polémicas del proyecto es la creación de un Registro Nacional de Empresas de Intermediación Digital para el Transporte de Personas, así como un registro similar para los usuarios afiliados a estas plataformas. La supervisión y fiscalización quedaría a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que tendría además potestades sancionadoras.
De aprobarse el artículo 7 del proyecto, las plataformas deberán verificar el cumplimiento de requisitos por parte de los conductores, mantener bases de datos actualizadas, remitir información al MTC de forma trimestral y compartir dicha información con organismos de seguridad y justicia en casos de investigación.
Asimismo, se plantea que las plataformas sean responsables legales por los delitos que pudieran cometer sus conductores durante la prestación del servicio, una disposición que, según las empresas, no tiene precedentes en la legislación comparada.
¿Seguridad o retroceso?
Uno de los principales argumentos esgrimidos por los promotores de la ley es el aumento de la seguridad para los pasajeros. No obstante, las propias plataformas citan estudios que contradicen esta premisa. Según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), el 64% de los peruanos considera que los taxis por aplicativo son más seguros que los taxis tradicionales. Esto se debería a herramientas como el monitoreo en tiempo real, botones de emergencia y la posibilidad de compartir el viaje con terceros.
Desde las plataformas aseguran que imponer requisitos propios del transporte público formal no garantiza mayor seguridad, sino que podría tener el efecto contrario al desincentivar su uso. “La tecnología ya ofrece mecanismos de seguridad superiores. Lo que se necesita es mejorar esos estándares, no eliminarlos con regulaciones obsoletas”, señalan en el comunicado.
Impacto económico para conductores
Otro punto crítico del proyecto es su impacto económico. Las plataformas advierten que las nuevas regulaciones encarecerían significativamente el servicio, afectando tanto a conductores como a usuarios. La obligación de realizar trámites adicionales, adaptar vehículos o afrontar sanciones por incumplimientos, reduciría la viabilidad del negocio para miles de personas que hoy encuentran en estas aplicaciones una forma flexible e independiente de generar ingresos.
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A esto se suma la crítica sobre los plazos de adecuación previstos por la ley, que las empresas consideran “demasiado cortos” y sin respaldo técnico. De no flexibilizarse, muchos conductores podrían quedar excluidos del sistema en el corto plazo, sin una alternativa laboral inmediata.
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