Según él, ese dinero podría emplearse mejor en ayudar a estas personas a encontrar empleo.
En tanto, la SEC también acusó a la ciudad de violar una orden existente de cesar y desistir que se emitió en el 2003 en base a una “conducta impropia similar”. La agencia dijo que es la primera vez que la SEC acusa de una ofensa posterior a una municipalidad que ya se encontraba bajo una orden existente de cesar y desistir, explicaron Patricia Mazzei y Jay Weaver en el diario The Miami Herald..
Los cargos, presentados en una corte federal en Miami, alegan que la ciudad y Michael Boudreaux, su ex director de Presupuesto, “hicieron declaraciones y omisiones materialmente falsas y engañosas” sobre transferencias internas de fondos que involucraron tres ofertas de bonos en el 2009 por un total de US$153,5 millones. También están acusados de incluir información “falsa y engañosa” en las declaraciones financieras de la ciudad del 2007 y el 2008, que se distribuyeron a los inversionistas en bonos.
La investigación, que comenzó en el 2009 después de una información del Miami Herald, reveló que Boudreaux transfirió $37,5 millones del presupuesto de capital que paga por las construcciones grandes al fondo general, con la idea de reducir huecos enormes en el presupuesto operativo mientras la economía local se estropeaba. En ese momento, Boudreaux justificó las transferencias al decir que los proyectos ya no eran necesarios.
Pero la SEC encontró que los proyectos aún necesitaban esos fondos durante ese año fiscal, o que el dinero ya se había gastado. Las transferencias permitieron a Miami cumplir sus propios requerimientos de reservas generales de fondos. Como resultado, las ofertas de bonos de la ciudad se consideraron favorablemente por las agencias de evaluación de créditos, que ven los balances generales de fondos como indicadores claves en la salud financiera.
“Miami no puede continuar haciendo trampas con sus finanzas”, dijo en una declaración Eric I. Bustillo, director de la oficina regional de la SEC en Miami. “Los inversionistas y los mercados merecen una completa transferencia en la evaluación de las ofertas municipales de bonos de la ciudad”.
La demanda de la SEC busca prohibir a la ciudad que viole las leyes sobre valores e imponer penalidades financieras a Miami y a Boudreaux. También busca una orden de una corte dirigida a la ciudad para que cumpla con el mandato de cesar y desistir emitido por la agencia en el 2003.
Hace un año, la SEC envió una carta a la ciudad en que alegaba que las transferencias de fondos ayudaron a Miami a tergiversar su situación financiera a los inversionistas de bonos.
Boudreaux recibió la misma carta de julio del 2012.
Los investigadores de la SEC también miraron en los colegas de Boudreaux que también firmaron los documentos financieros de Miami —la ex directora de Finanzas Diana González, el ex principal funcionario financiero Larry Spring y el ex administrador de la Ciudad Pete Hernández— pero ninguno de ellos fue acusado.
Después de ser despedido en el 2010 por el entonces administrador de la Ciudad, Carlos Migoya, Boudreaux presentó una demanda en la que alegaba que había sido cesado por negarse a engañar a los investigadores de la SEC.
En agosto de 2012, la ciudad, al alegar que no había violado principios de contabilidad generalmente aceptados ni había tratado de ocultar los movimientos de presupuesto, ofreció un arreglo: la SEC publicaría una carta de reprimenda a Miami por las transferencias cuestionables y, a cambio, la ciudad reestructuraría su departamento de finanzas y esbozaría procedimientos detallados para futuras transferencias.
Los investigadores no comentaron en ese momento la propuesta de la ciudad.
Los cargos del viernes 19/07 marcan la segunda vez que la ciudad ha sido castigada por la SEC por violar las leyes de valores. En el 2001, la agencia concluyó que Miami había movido de forma inapropiada fondos de su presupuesto de capital a su fondo general para mostrar un presupuesto general balanceado antes de emitir bonos por US$116.5 millones. Un juez emitió la orden de cesar y desistir en el 2003, prohibiendo a la ciudad involucrarse en transferencias similares.
