La Casa Blanca por el momento ha declinado comentar al respecto; Verizon, que también declinó réplica, tiene una orden de la corte que le prohíbe revelar la existencia del requerimiento del gobierno o de la misma orden de la corte.
Más allá de que esta información sea usada solamente para proteger a los ciudadanos de la sombra invisible del terrorismo o sea usada como una mina de datos para conocer conductas y vigilar a todo tipo de individuos –no sólo criminales o terroristas–, queda claro que cada pantalla, cada gadget, cada nodo es un ojo (encendido o apagado) del tan anticipado Big Brother. El rizoma tecnológico es el cuerpo perfecto de la vigilancia aparentemente descentralizada pero que remite toda la data de regreso a la Gran Oficina de la Policía del Pensamiento.
Esta recopilación de datos, de acuerdo a esas fuentes, no incluye la escucha de las conversaciones ni el registro de los nombres de las personas que hacen las llamadas, pero ha sido inmediatamente criticada por grupos de defensa de los derechos ciudadanos y por algunos congresistas como una intromisión excesiva por parte del Gobierno en la privacidad de las comunicaciones.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, ha insistido este jueves desde el avión del presidente en que el programa de registro de llamadas garantiza que no se acceda al contenido concreto de las conversaciones y que fue revisado constantemente por los tres poderes del Gobierno para asegurar que "se ajustaba a la Constitución". "Este estricto control demuestra el deseo del presidente por garantizar el equilibrio necesario entre la protección de la seguridad nacional y los derechos y las libertades constitucionales", ha señalado.
La admisión de esta práctica se ha producido tras la revelación del diario británico The Guardian de que el juez Roger Vinson, del Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera, que actúa en secreto, había firmado el pasado mes de abril una autorización para el registro de las llamadas de la compañía Verizon. Se desconoce de forma oficial si el permiso afecta a todos los servicios de esa empresa, si hay otras compañías de comunicación incluidas y desde cuando se está efectuando esta práctica.
Los funcionarios que hablaron con la prensa norteamericana explicaron que el registro se hace de acuerdo con una cláusula de la polémica Ley Patriótica, aprobada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre para dar más poderes al Gobierno. “Se registran únicamente datos como los números de teléfono desde lo que se llama y la duración de la llamada”, dijeron las fuentes citadas.
