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Soraya, Soraya... escrachada por los desalojos españoles

El escrache ha llegado a la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno español. Alrededor de 300 activistas se ha agolpado frente a la casa de Soraya Sáenz de Santamaría, en la colonia de Fuente del Berro, para denunciar los desahucios que provoca la ley hipotecaria y exigir al Ejecutivo cambios drásticos. La acción de protesta tiene como objetivo "señalarla" por oponerse a ellos. La manifestación, que ha transcurrido pacíficamente, ha estado estrechamente vigilada por un formidable despliegue policial con al menos diez unidades móviles. Siguiendo las instrucciones de Interior, agentes de la Policía Nacional han procedido a identificar a los activistas que, convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se encontraban en la zona.

 

Un numeroso grupo de activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) -unos 200 según testigos presenciales-, se concentraron frente al domicilio particular de la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, para denunciar la posición del Gobierno de Mariano Rajoy en ese asunto.
 
Testigos presenciales indicaron a la agencia de noticias Europa Press que el grupo de manifestantes inició la protesta a la 18:00 en la Plaza Manuel Becerra, desde donde se dirigieron a la vivienda de la vicepresidenta, que se encuentra en las inmediaciones y donde ya le esperaban un grupo de 30 o 40 personas. A las 18:40 ya estaban desconcentrando.
 
Antes, en la puerta de la casa, los activistas del PAH empezaron a gritar consignas contra el Gobierno, así como a corear lemas como: "sí se puede, pero no quieren", "Dación en pago y alquiler social", "No consentimos ni un desahucio más" y "Soraya, Soraya, ¿tu casa quien la paga?"
 
Además, han guardado 1 minuto de silencio por los afectados por un desahucio que se han suicidado en los últimos años. De hecho, uno de los activistas ha dejado claro que uno de los objetivos de la protesta es que la vicepresidenta del Gobierno se "acuerde todos los días" de la gente que pierde su casa y de los que han perdido la vida por la aplicación de la Ley Hipotecaria.
 
Mientras tanto, un grupo de policías se situaba frente al domicilio para evitar actos violentos, en tanto que en una calle próxima aguardaban varios furgones policiales. Alrededor de las 18:40 minutos la mayoría comenzó a abandonar la zona.
 
El exsecretario general de la antigua Alianza Popular, Jorge Verstrynge, ha participado en el escrache. De hecho, el que fuera secretario general de Alianza Popular ha sido uno de los asistentes que ha tratado de calmar la situación cuando la Policía ha comenzado a desalojar a los activistas de los alrededores de la vivienda de Sáenz de Santamaría, produciéndose como consecuencia un forcejeo entre agentes y manifestantes.
 
Tras los momentos de tensión, la Policía ha despejado la calle en la que se ubica el domicilio de la vicepresidenta, cortando a continuación el paso para impedir el acceso de nuevos manifestantes. Medio centenar de agentes de los antidisdisturbios se han desplegado en la zona mientras que los manifestantes continúan en los alrededores.
 
Uno de los activistas ha dejado claro que uno de los objetivos de la protesta fue que la vicepresidenta del Gobierno se "acuerde todos los días" de la gente que pierde su casa y de los que han perdido la vida por la aplicación de la Ley Hipotecaria. El comunicado, de hecho, destacó que el objetivo era "señalar a Soraya Sáenz de Santamaría" por su oposición la Iniciativa Legislativa Popular que se tramita en el Congreso.
 
Luis Juárez, que ha sido identificado por la Policía como el instigador del escrache porque ha leído el comunicado, ha explicado al diario El Mundo que él tiene 4 enfermedades neurológicas y se encuentra a la espera de un desahucio. Al igual que Magdalena, de Polonia, que ha dejado de pagar su casa hace mes. Ambos han hablado por megáfono a los manifestantes para explicar sus casos.
 
Lucía, vocera de la PAH, ha reiterado que tienen tres peticiones: dación en pago, moratoria de los desahucios y el alquiler social. Asimismo, ha recalcado el carácter pacífico de la protesta y ha señalado que no han llamado al timbre y "no han molestado en ningún momento". Ante los casos de "injusticia absoluta", ha dicho, "los culpables no son los ciudadanos, sino los políticos y los bancos".
 
Entre los cientos de manifestantes, se encontraba el ex secretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge, quien también ha sido identificado por los agentes. "Los políticos tienen que escuchar a la gente, si no escuchan y la tratan como a perros acaban mordiendo, ahora por el momento solo ladran", ha manifestado.
 
Desde hace semanas, la PAH está impulsando esta forma de protesta en frente de los domicilios de diputados del PP y también de miembros del Gobierno. Ya fueron víctima de estas manifestaciones, que el PP ha tildado de "acoso", los ministros del Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón. Este viernes se han realizado escraches en Valencia, Bilbao y otras ciudades.
 
Este escrache a Sáenz de Santamaría se produce después de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca haya difundido un vídeo, dirigido a los votantes el PP, en el que se lanza el mensaje de que los que utilizan esta forma de protesta no son el "enemigo".
 
"Somos los desahuciados, los desposeídos, los estafados, tu conciudadano, tu vecino, tus familiares", se dice en el vídeo, donde se afirma que los desahuciados "no somos el enemigo, sino las víctimas de la crisis y de la gran estafa hipotecaria que se ha dado en este país a raíz de la burbuja inmobiliaria. Las víctimas que nos hemos tenido que organizar desde abajo para hacer frente a esta injusticia".
 
Hace dos semanas, la vicepresidenta del Gobierno fue preguntada por los escrache en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Entonces, Sáenz de Santamaría advirtió de que el derecho de manifestación "no es ilimitado" y dijo que estas prácticas "no protegen los derechos de nadie", sino que "invaden los de otros" al tiempo que ha pedido "cordura" y respeto para las familias de quienes son objeto de estas prácticas.
 
"Respetamos los derechos que tiene cada ciudadano a expresar su opinión, pero los derechos no son ilimitados", dijo la vicepresidenta, quien defendió "que el derecho de uno acaba cuando empieza el derecho del otro".

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