De hecho, el magistrado considera que dicha circunstancia es un indicio más en contra de la infanta Cristina, hija del monarca, ya que se muestra convencido de que él comentó con ella las actividades de su marido y consensuó que se encargara de "velar" por el cumplimeintos de sus "recomendaciones" para que el duque de Palma interrumpiera sus actividades en el Instiuto Nóos.
La Casa del Rey ha expresado su "sorpresa" por "el cambio de posición expresado por el juez en su resolución, frente a la mantenida en el auto de fecha 05/03/2012, confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca".
La Casa del Rey ha manifestado su "absoluta conformidad" con la decisión anunciada por la Fiscalía Anticorrupción de recurrir este auto, "en su posición procesal de imparcialidad y defensa de la legalidad". Asimismo, ha reconocido que se ha enterado de la noticia a través de los medios de comunicación.
El jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, se encontraba en Bilbao junto al Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, inaugurando las nuevas instalaciones de Petronor, cuando se conoció la noticia.
La imputación de la Infanta Cristina marca un antes y un después en la historia de la monarquía española desde 1976 porque acaba con al aura de inviolabilidad de la Familia Real.
Pero la 2da. hija de los Reyes de España ya estaba apartada de facto de la agenda oficial desde el 12/12/2011, cuando un grupo de periodistas asistió en el complejo de La Zarzuela a la separación oficial de Iñaki Urdangarin por parte del jefe de la Casa del Rey.
En los 27 meses transcurridos desde ese traumático anuncio, la Infanta desapareció del llamado 'núcleo central' de la familia.
El último acto institucional al que acudió, junto a su marido, fue a la Fiesta Nacional el 12/12/2011.
De todos modos no ha renunciado a sus derechos sucesorios ni al uso del título de duquesa de Palma que su padre le otorgó cuando contrajo matrimonio con Urdangarin en 1997 (a ella, no a él).
A la Infanta se la vio por última vez hace 1 mes en el hospital donde el Rey fue nuevamente operado, esta vez de una doble hernia.
Constitucionalmente, sólo el monarca es inviolable (artículo 56) aunque sí se le puede inhabilitar (artículo 59.2). Al igual que sus hermanas, el Príncipe de Asturias también está sujeto al derecho común. Con su decisión, el juez Castro ha dejado claro el punto que ya estableció el Rey en su discurso de Nochebuena de 2011: "La Justicia es igual para todos".
[ pagebreak ]
Entonces, Don Juan Carlos aludió al primer caso de corrupción que afectaba directamente a la Corona y que por entonces sólo tenía como implicado a Urdangarin. "Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos", manifestó el Rey ante los españoles.
El juez Castro
La 1ra. mención al soberano en el auto del juez Castro se produce en el 4to. indicio de los 14 observados a Cristina, y con el que intenta desmontar el argumento de que ni ella ni su secretario, el también imputado Carlos García Revenga, desconocían la verdadera razon por la que Urdangarín y su socio, Diego Torres, habían incluido sus nombres y sus cargos en el follete del Instituto Nóos con el que intentaban captar clientes.
"Si S.M. El Rey [...] acabó por saberlo y de ahí su admonición, no se acaba de entender que su hija con un conocimiento mucho más directo y real y con el asesoramiento compartido de Don Luis Carlos García Revenga no llegara a enterarse y de propia iniciativa no hubiera decidido desvincularse formal y efectivamente de la asociación [Instituto Nóos]", destaca el magistrado.
De hecho, el juez Castro considera "fuera de discusión" que tanto la infanta como su secretario "prestaron su consentimiento a que se usanran sus nombres, tratamiento y cargo" con el fin de conseguir contratos.
En el mismo indicio 4to., el auto destaca como una prueba más de que el monarca sabía todo lo que pasaba la actividad desplegada por su asesor jurídico, José Manuel Romero, para que el duque de Palma abandonara "determinados comportamientos". En este sentido, destaca que el conde de Fontao no hubiera actuado de esta manera si no hubiera contado con el visto bueno de don Juan Carlos. "Por qué razón iba don José Manuel Romero Moreno a asumir una carga y responsabilidad que no le correspondían respecto de personas tan estrechamente vinculadas a S:M: El Rey como eran su hija y yerno sin contar con su anuencia", destaca el juez en su escrito.
Como 5to. indicio, el magistrado considera que, en forma independiente de cuál fuera "el exacto contenido de la recomendación" que el monarca hizo llegar al rey, considera que en el mismo hubo "un reproche hacia las actividades de aquél en relación con la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada y una 'insinuación' de apartamiento de los órganos de gobierno de la misma o de cualquier otro entre que le sustituyera". Por ello, considera poco creible que ni la infanta ni su asesor no mostraran ningún interés por conocer por qué en un momento dado se les pidió que dimitieran de sus cargos en la ONG bajo sospecha. De hecho, considera que García Revenga debió comentar con Cristina de Borbón "las razones más pasubiles de la decisión real y su alcance de presente y de cara al futuro".
Un aparente "desinterés" sobre lo que ocurría en el Instituto Nóos que tampoco cree creible en el caso de la infanta, sobre todo por su condición de hija del rey y marido del principal implicado en la trama. Así, en el indicio número 6, el juez Castro concluye que "no se acaba de entender que S.M. El Rey no comentara con su hija lascríticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido e incluso consensuara con ella su alcance y el compromiso, expreso o tácito, de que de alguna manera velara por su cumplimiento lo que le debería haber llevado a doña Cristina Federica de Borbón y Grecia a la conclusión de que las recomendaciones de su padre no se estaban siguiendo y cuestionar al respecto la actitud de su marido".
