La claúsula puede ser activada unilateralmente cuando el aumento del número de autorizaciones de residencia emitidas supera en un 10% a la media de las emitidas en los tres últimos años. Al parecer, y con el ritmo de actual de llegada de inmigrantes de forma masiva procedentes de España, Italia y Portugal, ese 10% se superará el 31 de mayo.
El periódico galo, incluso, va más allá: el consejero federal Didier Burkhalter aseguraba el pasado sábado a una cadena de televisión que “la cuestión de imponer la cláusula a todos los miembros de la UE está sobre la mesa”.
La cláusula, según prevé el propio acuerdo, no puede durar más que un año y el Gobierno suizo podría verse forzado a levantarla para dejar entrar a trabajadores de sectores estratégicos para el país, como la agricultura o el turismo, que dependen de la mano de obra extranjera. Además, Berna no quiere soliviantar aún más a Bruselas, que ya condenó la entrada en vigor de la cláusula en abril pasado por su “carácter discriminatorio”.
El Consejo Federal, antes de aplicar la excepción que impediría la entrada a nuevos inmigrantes del sur de Europa, debe tener también en cuenta consideraciones de política interior. Dejando abiertas sus fronteras a los europeos “pobres”, las autoridades saben que “echan agua al molino” de los partidarios de un mayor aislacionismo de Suiza.
El partido populista de derecha, UDC, ha lanzado recientemente una campaña “contra la inmigración en masa”, y la asociación Ecología y Población está recogiendo las firmas necesarias para someter a referéndum una ley que frene la “sobrepoblación”.
