A través de un comunicado, Holder ha rechazado la acusación de los congresistas republicanos, explicando que "en los últimos meses el Departamento de Justicia ha realizado un esfuerzo sin precedentes para responder a las demandas de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental", en el marco de la investigación de 'Rápido y Furioso'.
"Los funcionarios del Departamento de Justicia han pasado incontables horas compilando y facilitando miles de documentos, alrededor de 8.000, para la comisión", ha dicho, revelando que ayer se reunió con el presidente de la comisión, el republicano Darrell Issa, "para ofrecerle más documentos e información de carácter interno".
Además, ha recordado que, "antes de que Issa se interesara por el asunto", en cuanto supo de la existencia de 'Rápido y Furioso' ordenó cancelar la operación y promovió una investigación interna que concluyó con una remodelación de la cúpula de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), a cargo del operativo.
Así, "cuando Issa comenzó su propia investigación, dejé claro que el Departamento de Justicia cooperaría, aunque respetando nuestra obligación legal de proteger la información sensible que, de ser revelada, pondría en peligro a las fuerzas de seguridad y al pueblo estadounidenses".
Por todo ello, ha considerado que "cualquier acusación de que el Departamento de Justicia ha actuado de forma irresponsable es falsa" y ha denunciado que "Issa ha rechazado todos los esfuerzos para llegar a una solución razonable y ha preferido llevar a cabo una acción innecesaria y extraordinaria que no contribuirá a corregir los errores de ésta y otras operaciones anteriores".
En concreto, el fiscal general ha apuntado que la actuación del congresista republicano responde a una "táctica electoral" para provocar un conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo y "distraer la atención" de los estadounidenses.
"El pueblo estadounidense merece algo mejor. Por ello, seguiré centrado y comprometido con la misión del Departamento de Justicia de proteger los derechos y los intereses de mis queridos ciudadanos y de permanecer al lado de mis valientes colegas de las fuerzas de seguridad".
Los congresistas republicanos han anunciado que convocarán para la próxima semana una votación plenaria sobre la acusación de desacato. De ser aprobada, la demanda podría llegar a los tribunales estadounidenses y Holder podría ser condenado a una pena de prisión y al pago de una multa.
No obstante, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, y el líder de la mayoría republicana, Eric Cantor, han adelantado que si el fiscal general entrega la documentación antes de que se celebre la votación plenaria, podrían olvidar el asunto.
Apoyo a la guerra en México
Ocho de cada diez mexicanos apoya la campaña contra el narcotráfico lanzada en 2006 por el presidente, Felipe Calderón, que concluirá su mandato este año, aunque su popularidad ha descendido, según una encuesta difundida por el Centro de investigación Pew.
El apoyo a la estrategia continúa firme, como lo han expresado desde el año 2009 cuando se incluyó esa pregunta en la encuesta, aunque la confianza en que el Gobierno esté ganando la lucha contra el narcotráfico es limitada y la preocupación sobre sus coste aumenta.
El 47 por ciento cree que se han conseguido avances en la lucha contra el tráfico de drogas, casi igual que el pasado año (45 por ciento), frente al 30 por ciento que considera que el Gobierno está perdiendo y el 19 por ciento que no ve cambios.
La guerra contra las drogas, que ha causado 50 mil muertos desde 2006, es un asunto que preocupa a los ciudadanos mexicanos, que no tienen claro cual de los candidatos puede desempeñar un mejor papel en la lucha contra el crimen organizado.
La encuesta también reveló que el 61 por ciento culpa tanto a México como a USA de que continúe la violencia en la frontera y el 56 por ciento tiene una buena opinión del país vecino.
Por otra parte, el 74 por ciento considera un "gran problema" las violaciones de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y la policía.
El Centro Pew realizó la encuesta de manera presencial a mil 200 adultos, entre el 20 de marzo y el 2 de abril, y tiene un margen de error de 3.8 puntos porcentuales.
Unos 79.5 millones de mexicanos están convocados a los comicios del 1 de julio para elegir a más de 2 mil funcionarios, entre ellos el sucesor del presidente Felipe Calderón y 628 legisladores.
