El abogado de Torres, Manuel González Peeters, también se ha comprometido con el fiscal a que su cliente devuelva parcialmente los fondos públicos captados de forma fraudulenta por el Instituto Nóos y más tarde desviados a un entramado societario controlado por los dos ex socios, añaden las mismas fuentes. El letrado barcelonés no ha querido responder a las llamadas de este diario para contrastar la información.
Urdangarín y Torres se embolsaron presuntamente cerca de € 15 millones de administraciones públicas y empresas privadas mediante contratos a dedo, facturas falsas, presupuestos hinchados y servicios nunca prestados. Casi la mitad de esa cantidad, unos siete millones de euros, fue pagada al Instituto Nóos, una entidad que se declaraba "sin ánimo de lucro", por los gobiernos autonómicos balear y valenciano, ambos del PP.
El pacto que Urdangarín y Torres han ofrecido a la Fiscalía supone, de facto, una declaración de culpabilidad. Y también el reconocimiento implícito de que la gravedad de los delitos cometidos, unida al caudal de pruebas e indicios en su contra, hace inevitable el ingreso en prisión de los 2 ex socios. Los abogados de ambos, según las fuentes consultadas, están ahora negociando entre sí qué cantidad aportarían sus clientes de forma solidaria para su reingreso en las arcas públicas, y que podría rondar los cuatro millones de euros.
Las fuentes consultadas dan por hecho que, pese a que Pascual Vives y González Peeters han trasladado al fiscal por separado sus ofertas de pacto, los abogados de Urdangarín y Torres han actuado de forma concertada para evitar males mayores. El yerno del Rey ha centrado hasta ahora su estrategia de defensa en descargar sobre su antiguo socio toda la responsabilidad de la toma de decisiones en el Instituto Nóos, asegurando que él sólo ejercía funciones de representación. Y Torres ya ha dado sobradas muestras de que guarda munición suficiente para desmontar esa argumentación.
[ pagebreak ]
El número dos de Urdangarín en el Instituto Nóos entregó el pasado 16/04 al juez Castro varios correos electrónicos que dejan en una situación muy comprometida no sólo a la esposa de Urdangarín, la infanta Cristina de Borbón, sino también a su suegro, el rey Don Juan Carlos. Esos e-mails, enviados por el duque de Palma a Torres un año y medio después de que la Casa del Rey ordenase supuestamente a Urdangarín que se desvinculase de sus negocios con aquél, probarían que el monarca y su hija hicieron gestiones personales para facilitar nuevos contratos al ex jugador de handball.
La oferta de Urdangarín al fiscal para declararse culpable y eludir la cárcel supone, además, un 'firewall' protector para su esposa: si el fiscal acepta el pacto y el duque de Palma evita ir a prisión, con mucha más razón quedará eximida de responsabilidad la infanta Cristina, que ni siquiera está imputada. El juez Castro y el propio fiscal han rechazado en 2 ocasiones imputar a la hija menor del Rey con el argumento de que hacerlo supondría "estigmatizarla".
