En 2025, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron un proyecto de ley que reduciría las penas aplicadas al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, quien cumple condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Además de él, otras 5 personas se encuentran en la misma situación.
- Walter Braga Netto, ex ministro;
- Anderson Torres, exministro;
- Almir Garnier, ex comandante de la Marina;
- Paulo Sérgio Nogueira, ex Ministro de Defensa.
- Augusto Heleno, bajo arresto domiciliario.
Mauro Cid, exasesor de Bolsonaro, está en libertad condicional.
El excongresista Alexandre Ramagem (PL) se encuentra en USA y se le considera prófugo.
La decisión de Lula no sorprendió a los parlamentarios. Desde la presentación del proyecto de ley, el -------presidente había indicado públicamente que vetaría la propuesta, considerando que podría debilitar la rendición de cuentas por los intentos de golpe de Estado.
¿Qué dice el texto vetado?
El Congreso aprobó un mecanismo que
- agiliza la progresión de los regímenes de sentencia (cuando un convicto pasa de un régimen más severo a uno más indulgente) para quienes cumplen sentencias por delitos contra el Estado Democrático de Derecho;
- reduce hasta 2/3 de la pena impuesta a los vándalos comunes de los atentados del 08/01/2023;
- el delito de 'intento de golpe de Estado' (que establece penas más severas) absorbería el delito de intento de abolición del Estado, en caso de condenas simultáneas.
El texto aprobado también beneficia con el derecho a progresar al régimen semiabierto tras cumplir el 16% de su condena en el régimen cerrado.
La legislación actual estipula que estos delincuentes deben cumplir solo 25% de su condena para poder optar a la libertad condicional.
Si el veto fuese revocado, la propuesta se convierte en ley luego de su promulgación, lo que puede hacer el Presidente de la República o el presidente del Senado.
Si se revocara el veto, la acción podría ser impugnada por los partidos políticos, las asociaciones profesionales, la Procuraduría General de la República y el propio Gobierno.
Si el asunto llegara a la Corte Suprema, corresponderá a los magistrados decidir si la norma se ajusta a la Constitución. De no ser así, la ley queda anulada.
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