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Un funcionario de AMLO es el rey de las farmacéuticas que contrata el Estado

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México cuya base de gobierno y de campaña fue la lucha contra la corrupción que habían dejado gobiernos anteriores como el de Enrique Peña Nieto, hoy tiene sus propias consignas en contra, ya que el súper delegado del gobierno federal en el departamento de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños y su familia forman parte de una red de 9 empresas farmacéuticas que venden medicamentos al Estado. Sin embargo el funcionario no las reconoce en su totalidad, solamente acepta 4 de ellas.

Este lunes 20/05 la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo principal es: "la consolidación del Estado de Derecho en México a través de la denuncia y sanción de la corrupción", publicó una investigación acerca de Carlos Lomelí Bolaños, una de las mano derechas de el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador(AMLO), y actual super delegado federal en uno de los departamentos más importantes del país: Jalisco. 

El superdelegado es una nueva figura del gobierno mexicano que impuso AMLO cuando asumió la presidencia en 2018 cuyo fin es simplificar la administración y eliminar intermediarios en la entrega de programas sociales. Son un enlace entre las secretarías del Estado y los gobiernos estatales. En el caso de Jalisco, donde actúan con más impunidad y constantemente los cárteles narco, el rol está en manos de Lomelí, el dueño de una red de 9 empresas farmacéuticas donde trabajan aproximadamente 11 familiares.: su esposa, sus hijos, sobrinos, entre otros.

La investigación refleja la relación de Lomelí con la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), la misma que hace negocios con el gobierno federal de Obrador. 

Según los datos publicados, en lo que va de la administración federal del líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), las compañías ya han recibido contratos de la actual administración federal por un monto de más de US$ 8.545.510.

Lomelí, el empresario farmacéutico no solo es importante hoy, sino que también lo fue en la campaña de AMLO, cuando este estaba en carrera para ser gobernador de Jalisco y no alcanzó los votos necesarios. Durante su campaña ya había rechazado tener una relación con la empresa, aunque había reconocido la existencia de otras. "No es mi empresa, que vayan e investiguen y citen a la empresa y a las personas señaladas", dijo Lomelí durante su campaña política. 

Las únicas empresas reconocidas por el funcionario en su declaración de bienes, en el apartado de conflicto de intereses fueron: son Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra. Nunca menciona a Abisalud ni las demás, en las cuales colaboran las mismas personas que en las reconocidas y su locación coincide con propiedades que pertenecen a Lomelí.

Hasta a veces hubo situaciones en las cuales 2 empresas, que se hacían pasar como diferentes y sin relación alguna, compitieron por la misma licitación en el gobierno, como fue con Lomedic y Abisauld por US$ 4.429.070.

Sin embargo, esto es un golpe duro a la credibilidad de AMLO y su gobierno ya que no es la primera vez durante su mandato que aparecen estas situaciones que antes estaban guardadas bajo 7 llaves. No solamente lo debilita en cuanto a credibilidad, sino que también lo obliga a tomar una decisión en cuanto a los miembros de su gobierno, no por el, sino para resguardar su imagen. 

En los 5 meses que lleva de gobierno, el mandatario ya canceló contratos con empresas que tienen conflicto de intereses con el poder. El pasado 26/04 fue el turno de Bio Pappel Scribe, la compañía que pertenecía al Consejero Asesor Empresarial y amigo del AMLO, Miguel Rincón. Aunque en ese caso no hubo una investigación de por medio ni una negación por parte del funcionario. Mientras tanto el presidente continuaba repitiendo su discurso de "lucha contra la corrupción" en su mensaje a la población en sus primeros 100 días de gobierno. 

"Por la corrupción que prevalecía decidimos que el dinero del presupuesto no se entregue a intermediarios: ni asociaciones, ni fundaciones, ni organizaciones", dijo el presidente en referencia al sistema administrativo de su gobierno. 

En cuanto a la organización MCCI, su financista, el empresario y activista, Claudio X. González, ya había hecho distintas críticas al gobierno del ex mandatario, Enrique Peña Nieto, con el objetivo de señalar la corrupción que existe en la presidencia de la República. En consecuencia, según explicó The New York Times, casi un mes más tarde, le llegaron auditorías y revisiones tributarias. Además fue víctima de espionaje con el malware (software para hackear) Pegasus, al parecer adquirido por el gobierno nacional. 

Sin embargo, y sin temor a las posibles consecuencias a las que se enfrentan los periodistas de investigación hoy en día en México, el continúa expresando su desprecio hacia el poder y hacia los gobernantes. Así lo hizo el pasado febrero en la Universidad Iberoamericana en una conferencia donde explicó que "de existir un salón de la infamia, deberían aparecer el presidente y los gobernadores".

En tanto, a principios de mes, el 06/05 para ser exactos, MCCI fue víctima de un ataque cibernético en su portal de Internet. La página web comenzo a volverse más lenta, una vez restaurado el sitio eliminaron el contenido total del sitio dejando un solo mensaje: "hahaha". Luego, según lo que explican las autoridades, el sitio fue declarado "bajo ataque"

Si bien puede haberse tratado de una broma de mal gusto por parte de un hacker como estamos acostumbrados a ver hoy en día, también puede haber sido "un equipo bien formado, bien financiado", explican sus jefes refiriendose al gobierno.

"Andrés Manuel López Obrador, para alguien que conoce tan bien a la sociedad mexicana, no parece entender que en materia de democracia, respeto a las libertades, a los derechos humanos, a la 'alteridad', de un comportamiento cívico 'moderno', se trata de una sociedad en pañales. Darle cuerda desde la presidencia para atacar a los adversarios del régimen, en México y en Estados Unidos, es irresponsable", explica Maria Amparo, miembro de MCCI. 

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