Harto llamativo que en medio de la disputa poselectoral peruana el fiscal José Domingo Pérez haya renovado su embestida contra la presidenciable Keiko Fujimori.
¿Una presión para que Fujimori negocie declinar su ambición?
¿Un intento del fiscal Pérez de convertirse en funcionario de Castillo, tal como Sérgio Moro lo fue de Jair Bolsonaro?
Vaya uno a saberlo.
Personaje curioso el fiscal Pérez. Wikipedia recuerda que, entre 2016 y 2018, su esposa, Vannesa Medina Muñoz, fue asignada como coordinadora de compras corporativas del organismo público adscrito Perú Compras, dependiente del Ministerio de Economía y Finanza durante la gestión de la ministra Claudia Cooper y la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski —sucedida luego por Martín Vizcarra—.
En este período estalló el escándalo de corrupción en el Aeropuerto Internacional de Chinchero.
Domingo Pérez debía excluirse al tener a su cónyuge en el escándalo pero él decidió integrar el equipo de investigación y no abrió su boca cuando la procuradora Pablo Sánchez Velarde archivó la causa.
Ese mismo Pérez se exhibió impiadoso en múltiples investigaciones judiciales contra políticos y empresarios peruanos.
Prisión preventiva
Ahora, Pérez ha solicitado al juez Víctor Zúñiga la prisión preventiva de Keiko Fujimori, tras haber "constatado" que la acusada por lavado de activos y otros delitos incumplió normas de conducta fijadas por el Poder Judicial en el contexto del 'caso Cócteles' (Odebrecht).
Según el ferviente diario antifujimorista La República, que fundó Gustavo Mohme Llona y dirige Gustavo Mohme Seminario, Keiko infringió normas que la 2da. Sala de Apelaciones le impuso cuando fue liberada en 2020. Por ejemplo, incumplió la prohibición de comunicarse con testigos o coinvestigados del caso, siendo uno de ellos el excongresista Miguel Torres, quien acompaño a la candidata en la conferencia de prensa en la que ella anunció que impugnaba 802 actas electorales.
Es evidente que Pérez irrumpe en el proceso electoral y toma partido en forma indirecta pero efectiva.
Un berreta el tal Pérez. Según la revocatoria que él solicita “se ha advertido como hecho público y notorio [la conferencia de prensa del miércoles último] que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales en la que la acusada presentaba al testigo como abogado y vocero politico de la persona jurídica incorporada al proceso Fuerza Popular”.
En verdad, Perú está exhibiendo una descomposición muy peligrosa para su institucionalidad. Pero personajes tales como Pérez contribuyan a la crisis.
El juez del 4to. Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, debe convocar a una audiencia en las próximas horas para definir si Keiko Fujimori, acusada por los aportes ilícitos a sus campañas en 2011 y 2016, continúa con sus restricciones o debe volver a prisión preventiva.
El viernes 4 de junio, el juez Zúñiga inició, formalmente, la etapa de control de acusación contra 42 involucrados, incluyendo a Keiko Fujimori por el caso Cócteles.
Se trata de una fase inmediatamente anterior al inicio de un juicio oral, pero que puede tardar más de 1 año o 2 por la complejidad del caso y en el que se debatirán qué pruebas, testimonios o documentos se pueden debatir.
Pérez ha pedido 30 años de prisión para Keiko Fujimori.