Pese a la concesión de un asilo diplomático en junio de 2012, Pinto no podía viajar a Brasil por falta de un salvoconducto del Gobierno de Bolivia, que se negaba a concederlo porque el senador responde a varios procesos por corrupción y ya tiene una condena a un año de prisión.
Ferraço dijo que el Gobierno de Bolivia "tiene a la justicia en sus manos" y que el país vive "una dictadura disfrazada".
Al no otorgarle el salvoconducto, "Morales no respetó el asilo concedido" a Pinto por Brasil, que a su vez fue "indolente" al dejar que el "asilo se transformase en una prisión", afirmó Ferraço, quien el pasado sábado se trasladó a la ciudad fronteriza de Corumbá para recibir al senador boliviano.
Ferraço respaldó la tesis de que el encargado de negocios de Brasil en La Paz, Eduardo Saboia, fue quien decidió llevar a Pinto hacia Brasil y dijo que fue avisado por ese funcionario el sábado pasado, cuando el senador ya estaba camino a Corumbá.
El legislador boliviano llegó a esa ciudad fronteriza en un coche oficial de la embajada, escoltado por soldados brasileños, que, según Ferraço, fueron quienes le "entregaron" a Pinto.
Ferraço admitió que no informó ni a la cancillería ni al Gobierno brasileño de esa "operación", pero dijo que lo hizo porque tanto uno como otro habían sido "omisos" en el caso del senador Pinto.
Según Ferraço, el Gobierno de Rousseff "se curvó" frente al de Morales por intereses "ideológicos", y no presionó en favor del salvoconducto para un senador boliviano que había acogido en la embajada como "perseguido político".
Pese a sus críticas, Ferraço pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal de la coalición que apoya a Rousseff, pero explicó que su mayor responsabilidad es con sus "electores" y no con el Gobierno.
Según Ferraço, tanto él como el encargado de negocios en La Paz tuvieron una "actitud de solidaridad humana" con una persona que estaba "presa" en la embajada, había caído en "depresión" después de más de un año recluido y "empezaba a hablar de suicidarse".
Aseguró que, en la embajada, Pinto no tenía derecho a visitas, estaba incomunicado y ni siquiera "veía el sol", aunque admitió que esas condiciones fueron establecidas por Brasil, algo que, según él, ocurrió en "complicidad" con el Gobierno de Bolivia.
"El Gobierno brasileño impuso esas restricciones y contribuyó a que el asilo sea una cárcel", dijo el parlamentario.
Según Ferraço, la "indiferencia" de Brasil y la "intransigencia" del Gobierno boliviano llevaron a que se buscase una "solución heterodoxa" para el caso del senador Pinto.
Sobre la renuncia del ahora excanciller Antonio Patriota debido al conflicto que este caso causó con Bolivia, Ferraço declaró que sería "una cobardía culparle" de este incidente.
"Patriota actuó orientado por su Gobierno, pero le faltó vibración e indignación" frente a la situación de Pinto, aseguró.
El Gobierno boliviano ha pedido que Brasil "devuelva" al senador y hoy se anunció en La Paz que la Fiscalía General ha solicitado a la Interpol su "captura" y "entrega".
Pinto, por su parte, ha presentado un pedido de refugio a las autoridades de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), un organismo que depende del Ministerio de Justicia de Brasil.
En ese sentido, Ferraço dijo que ha recibido "informaciones" no confirmadas de que el refugio "sería concedido" y que Pinto fijaría residencia en el estado de Acre, fronterizo con Bolivia.
Evo reclama a Pinto
La Fiscalía boliviana solicitó a Interpol la captura del senador opositor Roger Pinto que fugó a Brasil con protección diplomática, destacó este jueves el fiscal interino Roberto Ramírez, citado por la prensa local.
"Ya se ha enviado la solicitud de notificación roja a la Interpol", declaró al diario Página Siete el fiscal interino Roberto Ramírez.
La 'comunicación roja' equivale a una solicitud para la detención y posterior extradición, dijo la Fiscalía en un comunicado.
El fiscal precisó que sobre Pinto pesan tres mandamientos de apremio, "uno en el que ya existe sentencia y los otros dos también por delitos de corrupción".
"Esta persona (Pinto) tiene que responder a procesos investigativos por hechos de corrupción", agregó Ramírez.
La decisión de la Fiscalía se conoce después de que el presidente boliviano, Evo Morales, a Brasil reclamó la entrega de Pinto, acusado en Bolivia de corrupción y daño económico al Estado.
"Es importante devolver a Roger Pinto a la justicia boliviana y que sea juzgado como cualquier autoridad envuelta en temas de corrupción", dijo Morales el miércoles en conferencia de prensa.
Bolivía espera que Brasil ofrezca una explicación oficial sobre los hechos.
El senador buscó protección en la legación de Brasil pretexando persecución política, después de que presentara denuncias de supuesta corrupción contra el oficialismo.
Pinto se fugó el viernes a Brasil por tierra en un vehículo diplomático y protegido por funcionarios de la embajada, donde estaba refugiado desde mayo de 2012.
Bolivia considera a Pinto un "prófugo de la justicia" y estima que perdió su calidad de "asilado" cuando abandonó la legación diplomática brasileña en La Paz sin un salvoconducto.
