El exhorto de Oyarbide incluye 25 puntos sobre los que pide información, entre ellos recibos, órdenes de giros al extranjero, giro de divisas al exterior; facturas, transferencias bancarias, y chequeras.
La investigación del juez Oyarbide incluye los pases de unos 15 futbolistas argentinos, pero el exhorto abarca no solo a los deportistas, sino también a personas que los representaron y directivos de clubes.
Preocupa en el sistema financiero que la Justicia argentina acceda a información bancaria de clientes de las instituciones y el uso que se pueda hacer de esos datos, indicaron fuentes consultadas por el matutino uruguayo, El País.
Juan Gómez, fiscal de Crimen organizado, comunicó que la medida no refiere a ningún ciudadano uruguayo ni argentino residente en Uruguay y no incluyó detenciones de personas. "Era una medida sobre informaciones que estaban en determinados lugares e incautación documentaria", detalló.
"Toda la información pedida se envía, documentación y soportes informáticos. El sistema judicial uruguayo cumple con realizar la medida tal como fue solicitada por el juzgado federal argentino y el responsable si hay perjuicios es quien pide la medida", dijo Gómez.
Sostuvo que se analiza si son medidas contenidas en el protocolo de colaboración y su mérito, pero el principio es la cooperación internacional, "que no se puede eludir". Y aclaró "No debemos estar sospechando de lo que nos dice un juez de otro país".
La jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos el exhorto presentado por el juez argentino, Norberto Oyarbide y deberá decidir la información que se envía a su par.
Hay expectativa y preocupación entre autoridades del sistema financiero local por la resolución que tomará la jueza de crimen organizado Adriana de los Santos, respecto al exhorto.
Las alarmas en el sistema financiero se encendieron fundamentalmente debido a que en el allanamiento a la sucursal del Royal Bank of Cánada (ubicada en Zonamerica) se llevaron la información de todos los clientes de esa institución, dijeron las fuentes contactadas.
Indicaron que si la magistrada uruguaya entrega toda la información recabada en el allanamiento, se pone en riesgo el sistema bancario uruguayo, a cuya base de datos podrían acceder magistrados extranjeros, lo que no está habilitado en los tratados aprobados por el país.
