La diferencia es que ya no debe haber un pedido expreso de un Estado al otro, sino que en el marco del convenio, el país le transfiere información que tiene sobre los ciudadanos del otro.
El intercambio automático de información suele hacerse con datos bancarios, ya que USA así lo ha dispuesto (con su ley FATCA), aunque algunas regiones como la Unión Europea planifican intercambiar más información luego del año 2015, como datos sobre salarios, pensiones y transacciones inmobiliarias, informó el subdirector de la Secretaría del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales, Dónal Godfrey, al diario El País, de Montevideo.
"Si vamos a expandir esto, la información bancaria sería el lugar por donde empezar. Lo que se hará después nadie lo sabe", agregó. Semejante decisión implicaría el final del secreto bancario en Uruguay, un país que logró grandes beneficios no solamente de la inestabilidad argentina sino también de proteger el secreto bancario..
"El director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, Fernando Serra, dijo a El País que se está "a la expectativa" tras el anuncio del G20 en Washington, cuando tras su reunión en abril pidió que los países avancen hacia intercambios automáticos de información fiscal y encomendó al Foro Global de Transparencia llevar a cabo su implementación.
Esta modalidad implica proveer información año a año sobre todos los no residentes que realizaron transacciones en el país que puedan ser de interés fiscal. De implementarse, esto se informaría solo en los casos que se trate de contribuyentes residentes en países con los que Uruguay tenga acuerdos de intercambio de información.
De esta manera, cada fisco podrá obtener información valiosa para controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en tiempo en que muchos países desarrollados enfrentan fuertes déficits fiscales.
Todos los acuerdos de intercambio de información que firmó Uruguay hasta el momento prevén el intercambio en base a solicitudes puntuales de los fiscos y el gobierno ha procurado evitar las "expediciones de pesca", es decir, que los fiscos pidan información al barrer, para después seleccionar aquella que les resulte relevante.
El intercambio automático implicaría renegociar todos los acuerdos ya alcanzados y lesionaría la intimidad de los contribuyentes. Si bien esta modalidad puede alcanzar a todo tipo de información, como la relacionada a regalías, transacciones inmobiliarias o bancarias, el subdirector de la Secretaría del Foro Global de Intercambio de Información con fines fiscales, Dónal Godfrey, dijo a El País que se comenzará a trabajar sobre datos bancarios, aunque todavía se está descifrando cómo llevarlo a la práctica.
Serra señaló que, como ni siquiera esa secretaría sabe cómo implementarlo, en el Ministerio están atentos a lo que pueda ocurrir. En tanto, esa modalidad ya la puso en práctica Estados Unidos (con su ley FATCA) y está siendo replicada por países centrales de Europa.
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El funcionario dijo que aplicar el sistema automático "hoy es viable" del punto de vista tecnológico, aunque reconoció que la declaración del G20 expresó la intención de acabar con el secreto bancario. "Lo estamos monitoreando pero todavía no hay nada en concreto. Es por ahora una expresión de voluntad", matizó.
En el Foro "no está claro cómo lo va a implementar" y "reconocen problemas en América Latina por restricciones de corte institucional", añadió Serra. Así se refirió a las "garantías individuales" referidas a la privacidad. "Conocen la realidad de nuestros países", dijo Serra.
Los expertos en tributación, Eliana Sartori (de PwC) y Leonardo Costa (de Brum Costa Abogados), advirtieron a El País sobre este punto.
"No debe perderse de vista la importancia de la defensa de los derechos individuales como la privacidad, que pueden verse lesionados por la divulgación de datos personales que fueran para fines no tributarios y pudieran atentar contra la seguridad de los ciudadanos", dijo Sartori.
Por su parte, Costa resaltó la "falta de garantías que esta modalidad de envío de datos supone para los derechos de los contribuyentes" y señaló que "podría dar lugar a la realización de `expediciones de pesca` que, justamente, nuestro país ha pretendido evitar expresamente, por ejemplo, en el tratado firmado con Argentina".
El intercambio automático no será exigido a Uruguay cuando sea evaluado en la fase 2 del proceso de revisión de pares que se realiza en el marco del Foro Global el próximo año, pero Godfrey se mostró confiado en que haya una fase tres, cuyos criterios de evaluación aún se desconocen, según señaló a El País.
Unas 21.300 sociedades con títulos al portador declararon sus titulares ante el registro en el Banco Central, 13.500 convirtieron sus acciones a nominativas para evitar el registro y unas 1.000 se liquidación ante la Dirección General Impositiva, luego de que el martes venciera el plazo para hacerlo.
Así se conformó un total de 35.800 que cumplieron con la ley 18.930 de julio de 2012, pero es difícil precisar cuántas están en infracción. El año pasado el Ministerio de Economía estimaba que el universo de sociedades anónimas al portador era de unas 50.000 pero en las últimas semanas redujo esa estimación a 39.000. Con el primer total, el incumplimiento sería de 28% y con el segundo de 8%. (...)".
Costa Rica
¿Qué hará Panamá, en semejante contexto? Panamá ha desarrollado notablemente su industria financiera en base a realizar aquellos que otros países, como es el caso de Uruguay, dejaron de hacer por presión de 3ros.
Sin duda que una presión considerable para Panamá es lo que está haciendo su vecino Costa Rica.
El Foro Global sobre la Transparencia Financiera anunció que Costa Rica ha superado su 1er. examen, el referido a la legislación y al marco reglamentario para el intercambio de información, que se ajusta a los estándares internacionales.
"Costa Rica ha dado un número significativo de pasos para responder a las recomendaciones" de la conocida como "fase 1" de la supervisión del Foro Global, según el informe sobre ese país publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que depende.
Una vez aprobado ese examen, el país centroamericano será sometido, en la 2da. mitad de 2014, a la "fase 2", en la que se escruta el cumplimiento efectivo en la práctica de esa normativa sobre la cooperación con otros países en el intercambio de información para evitar la evasión fiscal.
Costa Rica abandona así la lista en la que quedan 14 Estados o jurisdicciones -de los que el Foro Global no quiere por ahora dar el nombre- que están bloqueados en la "fase 1" porque su marco reglamentario no cumple con los estándares internacionales.
