Las medidas del gobierno colocarían todo el sistema financiero bajo rígido del Estado, mientras evitaría la nacionalización del sector bancario. Si la ley de bancos fuera aprobada – un resultado altamente probable, dada la mayoría absoluta de la que goza el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el gobierno -, este tendría el poder de establecer cuotas de préstamos bancarios a sectores específicos de la economía, y así dirigir el crédito a áreas que considera de prioridad política (un mecanismo semejante ya fue implantado en Venezuela). Un elemento clave de las medidas propuestas es la introducción de metas “sociales” y “productivas”, destinado a aumentar la disponibilidad de crédito para las actividades del sector productivo, préstamos hipotecarios y microcrédito para pobres, especialmente en las áreas rurales. Para realizar la expansión de crédito para los pobres y pequeños agricultores, el gobierno prometió ampliar los créditos de garantías de préstamos, para incluir bienes y renta actualmente no aceptados por los bancos, aunque aún no haya detalles sobre eso.
Otras medidas propuestas incluyen el poder de dictar el nivel de tasa de interés ofrecido por los bancos sobre ahorros y préstamos, con franjas de pisos y techos para diferentes actividades definidas por el Ministerio de Finanzas. Esta medida reavivaría una práctica abandonada hace 27 años, cuando equivocaciones políticas (incluyendo la microadministración de las operaciones del sistema financiero de Bolivia) agravaron el colapso económico del país, después de una caída de los precios de las materias primas que lo dejó incapaz de cumplir sus obligaciones de deuda. Según el gobierno, la diferencia esta vez es que tratará de proveer préstamos favorables y tasas de ahorro para clientes que tienen una historia comprobada de fidelidad o pagos de préstamos regulares, introduciendo así el concepto de una “clasificación de crédito” personal que puede mejorar con el tiempo y ser usada para recompensar el buen comportamiento.
Gobierno atento a las agencias de supervisión
Además de aumentar el control sobre el destino de crédito, el gobierno de Morales está buscando reforzar su control sobre la investigación financiera. El regulador del sector financiero independiente fue reabsorbido por el control ministerial después de que el actual gobierno asumió el poder en 2006, rebautizado Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi). La función de los reguladores incluye supervisar, pero no controlar, una Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), independiente, encargada de realizar investigaciones de sospechas de mal uso del sistema financiero en casos de lavado de dinero o corrupción. La UIF coordina sus actividades con otros reguladores a nivel internacional, pero permanece distante del Ejecutivo para evitar conflictos de interés (muchos casos de corrupción involucran autoridades del gobierno).
Las nuevas propuestas legislativas incluyen colocar la UIF bajo el control directo del ministro de Finanzas. Esto provocó serias preocupaciones de que la operación de la unidad y la decisión de los casos que ella procesa se vuelvan políticamente tendenciosas. La oposición política y analistas independientes de Bolivia también temen que ampliará el extenso uso por parte del gobierno de procesos delictivos contra sus adversarios. Diversos casos ya sucedieron, no solo silenciando la disidencia, también obstruyendo tentativas de la oposición fragmentada de construir una lideranza cohesiva o adquirir fuerza política.
Previsión sombría
Aunque la reforma propuesta ahorrara al sector bancario una eventual nacionalización (en oposición a otras industrias clave, como la de energía), los bancos y otros intermediarios financieros efectivamente perderían una autonomía significativa sobre las actuales áreas de decisión política cuando la legislación sea aprobada.
Además de ello, el gobierno probablemente intensificaría su papel en capturar los depósitos de ahorro y emitir crédito, en competencia directa con el sector privado. La medida probablemente pondría fin a un período de fuerte crecimiento de las instituciones financieras privadas en Bolivia, mientras que nuevas políticas dinamitan las prioridades comerciales y la rentabilidad comienza a caer.
También forzaría una consolidación del sector mientras los bancos privados mayores intentan mantener economías de escala. El factor más importante es contencioso, sin embargo sería el que abriría la puerta para la manipulación política, lo que causaría un riesgo de deterioro de la calidad de los préstamos, Y aumentaría el riesgo de solvencia de todo el sistema financiero.
