Esta deportación, de producirse, sería la primera desde el fallo de 5 a 4 de la Corte Suprema que permitió las expulsiones bajo la ley de 1798 al tiempo que especificó que "la notificación debe darse dentro de un tiempo razonable y de tal manera que les permita realmente buscar el recurso de hábeas corpus en el lugar apropiado antes de que ocurra dicha expulsión".
El recurso de hábeas corpus se refiere al derecho de los detenidos a impugnar la legalidad de su detención. Se considera un derecho fundamental en la legislación estadounidense.
La Corte Suprema no indicó con cuánta antelación se debería dar el aviso. Abogados de todo el país han solicitado que se les dé a los migrantes 30 días de aviso para que puedan impugnar sus deportaciones. La administración Trump no ha dicho públicamente con cuánta antelación piensa dar a los migrantes.
James Boasberg
Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles hbían presentado solicitudes urgentes el viernes 18/904 en varios tribunales, incluida la Corte Suprema, instando a una acción inmediata después de informar que algunos de los hombres ya habían sido subidos a ómnibus y se les dijo que iban a ser deportados.
La ACLU dijo que los rápidos acontecimientos significaban que la Administración estaba a punto de deportar a los hombres utilizando una ley de 1798 que históricamente se ha empleado solo en tiempos de guerra, sin brindarles una oportunidad realista de impugnar su deportación, tal como lo había requerido la Corte Suprema.
El caso plantea interrogantes sobre el apego de la Administración Trump a los límites establecidos por la Corte Suprema. Conlleva el riesgo de un choque significativo entre los dos poderes del gobierno, ambos con poderes equivalentes, y potencialmente una crisis constitucional en toda regla.
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Juez de distrito James Boasberg.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en un intento de deportar rápidamente a los miembros acusados del Tren de Aragua, una banda criminal originaria de las cárceles venezolanas a la que su administración califica de grupo terrorista. Luego se ha extendido el uso de esa excepcionalidad.
El Presidente y sus principales asesores han afirmado que su poder les otorga amplia autoridad en asuntos de inmigración, y así pusieron a prueba el equilibrio de poder entre las ramas del gobierno.
Trump obtuvo una victoria el viernes 18/04 cuando un tribunal de apelaciones suspendió la amenaza del juez de distrito James Boasberg de presentar cargos por desacato.
Boasberg también rechazó una solicitud de la ACLU para impedir que Trump deportara a presuntos miembros del Tren de Aragua, citando un fallo de la Corte Suprema del 07/04 que permitió a Trump utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, aunque con ciertos límites.
Boasberg dijo que le preocupaba que el gobierno deportara a más personas el sábado, pero que "en este momento simplemente no creo tener el poder de hacer algo al respecto".
Trump había pedido previamente el impeachment de Boasberg tras un fallo adverso, lo que provocó una rara reprimenda del presidente del Tribunal Supremo estadounidense, John Roberts.
Mientras se desarrollaba una audiencia en la corte de Boasberg, la ACLU trabajaba en una vía separada para detener las deportaciones de venezolanos detenidos en Texas.
Los abogados de la ACLU presentaron una solicitud ante la Corte Suprema después de no obtener una respuesta rápida a sus presentaciones anteriores ante
- el juez federal de distrito James Hendrix, en Abilene, Texas; y
- el Tribunal de Apelaciones del 5to. Circuito en Nueva Orleans para bloquear cualquier deportación de ese tipo.
Conflicto de poderes
Sadie Gurman, Aarón Zitner y Meridith McGraw en The Wall Street Journal:
"Al intentar acumular un poder sin precedentes, el presidente Trump ha superado con tanta fuerza las limitaciones tradicionales de la autoridad presidencial que instituciones como universidades, bufetes de abogados y sectores del Congreso se han visto afectadas. Esta semana, algunos comenzaron a contraatacar.
La Universidad de Harvard se negó a cumplir con las exigencias de la Administración Trump de implementar cambios para abordar la presunta parcialidad. La Universidad de Columbia, criticada por ceder en las negociaciones sobre financiación federal, adoptó un tono más duro.
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Harvard en pie de guerra contra Donald Trump.
Los tribunales federales plantearon la posibilidad de declarar en desacato a los funcionarios de Trump. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se ha resistido a las peticiones de reducir preventivamente las tasas de interés para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra comercial de Trump.
El exfuncionario de ciberseguridad, Chris Krebs, objeto de una investigación federal por no coincidir con las afirmaciones de Trump de que le robaron las elecciones de 2020, renunció a su trabajo en el sector privado para poder enfrentarse con mayor libertad a la Casa Blanca.
Los votantes están expresando con mayor fuerza su oposición a algunas políticas de Trump y criticando a los legisladores republicanos durante las reuniones municipales .
“Las brasas están vivas, e incluso hay algunas llamas de resistencia creciendo”, dijo Peter Wehner, un crítico de Trump que sirvió en tres administraciones republicanas anteriores.
Hasta el momento, el Presidente y sus principales asesores se mantienen firmes. Afirman que la resistencia representa una oportunidad para presentar a los demócratas, los tribunales y las universidades como desconectados de los votantes que llevaron a Trump a la Casa Blanca por segunda vez. (...).
Se necesitaría otro centro de poder en Washington para limitar la autoridad del presidente: ya sea los tribunales, inundados de casos que impugnan las acciones de Trump, o los legisladores republicanos. El ala del partido en el Congreso ha apoyado casi unánimemente al presidente. Pero si los legisladores republicanos perciben que los votantes los castigarán en las elecciones intermedias del próximo año, podrían oponer más resistencia a su agenda en el Congreso, según veteranos de Washington. (...)
Los votantes quieren mantener las barreras constitucionales que limitan el poder del Presidente, según una encuesta del The Wall Street Journal. Un 58 % afirma que Trump debe acatar las sentencias judiciales que limitan sus acciones, incluso si no está de acuerdo con ellas, según una encuesta del Journal realizada a finales de marzo y principios de abril, mientras que el 62 % opina que el presidente no debería cerrar agencias federales sin la aprobación del Congreso. La mayoría también desea que ambos partidos y Trump encuentren un punto de acuerdo.
“Parece que nos estamos moviendo rápidamente hacia una verdadera crisis constitucional”, dijo Peter Wehner, quien fue funcionario en 3 Administraciones republicanas, “una verdadera crisis de separación de poderes y una verdadera crisis de controles y equilibrios”.
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