El CPI por sí solo no tiene facultad de imponer responsabilidad legal, pero su trabajo será llevado a cabo a la Procuraduría General de la República (PGR), que se encarga de evaluar las medidas oportunas contra Bolsonaro.
En cuanto al informe final, Renan se echó atrás y cambió algunos puntos del texto que había estado preparando, que contaba con 70 personas y dos empresas en la sugerencia de acusación.
El relator también retiró la recomendación de imputar a Bolsonaro por los delitos de genocidio contra la población indígena y asesinato. Con eso, la propuesta para la rendición de cuentas del presidente ahora tiene 9 tipos de delitos, antes había 11.
El presidente de la CPI, Omar Aziz, declaró que acusar al presidente de "genocidio es algo para lo cual no hubo consenso ni entre senadores ni entre juristas, esto es solo un ajuste en el tipo penal".
"Bolsonaro pregonó a favor de la inmunidad de rebaño, fue un charlatán prescribiendo medicamentos sin eficacia, estos son crímenes serios pero el genocidio es más serio, genocidio es planear extinguir una etnia como ocurrió con los judíos" bajo el régimen nazi, dijo Aziz en entrevista publicada hoy (20/10) en el diario brasilero O Globo.
"El crimen de genocidio será sustituido por el de crimen contra la humanidad", afirmó Calheiros tras el la reunión con sus colegas el martes (19/19) por la noche, luego de días de encendidas polémicas que parecieron fracturar a la CPI.
El documento contiene la solicitud de acusación de 69 personas, entre ellos el presidente y sus tres hijos, los ministros Braga Netto (Defensa), Onyx Lorenzoni (Trabajo y Seguridad Social) y Marcelo Queiroga (Salud). Además de ellos, el líder de gobierno en la Cámara, Ricardo Barros (PP-PR) y los exministros Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo y Osmar Terra (MDB-RS).
Renan también pide investigaciones contra médicos y empresarios vinculados a Prevent Senior, miembros de la supuesta oficina asesora paralela de Bolsonaro, personas que supuestamente publicaron noticias falsas sobre la pandemia, así como empresarios y exfuncionarios del gobierno involucrados en presuntas negociaciones sobre vacunas.
Las empresas Need Medications, encargadas de negociar Covaxin, y VTC Log, que tienen contratos de almacenamiento de productos sanitarios, son las únicas a las que Renan pide acusar.
Renan recomienda enviar los documentos a la Corte Penal Internacional para evaluar posibles crímenes de lesa humanidad.
En la conclusión del dictamen, el relator de la CPI afirma que existen evidencias de que el gobierno federal guardó silencio y optó por actuar "de manera no técnica e imprudente" en la lucha contra la pandemia", exponiendo deliberadamente a la población a un riesgo concreto de infección masiva".
¿Qué dijo Bolsonaro?
Durante un acto oficial en el estado de Ceará, el presidente brasilero arremetió contra la comisión:
Sería bueno que la CPI hubiese hecho algo productivo para nuestro país. Pero ocuparon el tiempo de nuestro ministro de Salud, de funcionarios públicos, de personas humildes y empresarios, y no produjeron nada salvo odio y rencor entre algunos de nosotros Sería bueno que la CPI hubiese hecho algo productivo para nuestro país. Pero ocuparon el tiempo de nuestro ministro de Salud, de funcionarios públicos, de personas humildes y empresarios, y no produjeron nada salvo odio y rencor entre algunos de nosotros
Y agregó:
Sabemos que no tenemos culpa de absolutamente nada. Sabemos que hicimos lo correcto desde el principio Sabemos que no tenemos culpa de absolutamente nada. Sabemos que hicimos lo correcto desde el principio
A diferencia de Argentina...
Mientras tanto en Argentina, los cómplices del vacunatorio vip y causantes de la muerte de miles de personas se toman un vino por Europa, siguen en sus cargos en el Ministerio de Salud y continúan su vida como si nada.
En la lista de personas del vacunatorio vip está el mismísimo presidente Alberto Fernández, pero a diferencia de lo que sucede en Brasil con Bolsonaro, el mandatario argentino está eximido de toda responsabilidad porque es indudable su categoría de funcionario esencial, dijeron fuentes judiciales a La Nación. Ni hablar del Olivosgate.
En Brasil acusan a Bolsonaro de crímenes de lesa humanidad, en Argentina seguimos esperando que haya al menos un culpable de la errática gestión de la pandemia y las vacunas.
