La pesquisa se centra en presuntos crímenes de guerra israelíes y de Hamas durante el enfrentamiento de 2014 en Gaza.
También estarán bajo investigación de la CPI -a cargo hoy de la fiscal Fatou Bensouda- la contínua construcción de asentamientos en territorios ocupados por el Estado judío en Cisjordania y la represión israelí de la Marcha del Retorno, una campaña en la que miles de palestinos de Gaza participaron de protestas en la frontera con Israel en 2018.
Este jueves 8/4 se conoció que Israel -que no es un estado miembro de la CPI- seguirá con la postura que ha mantenido hasta ahora: no cooperar con el organismo.
El país considera que la CPI, destinada a servir como tribunal de última instancia cuando los propios sistemas judiciales de los países no pueden o no quieren investigar y procesar los crímenes de guerra, no tiene competencia allí, dado que el propio Ejército israelí dispone de mecanismos para investigar las infracciones cometidas por sus tropas y su sistema judicial que funciona.
Y eso es lo que plasmará el gobierno israelí en su respuesta a la CPI, apunta The Jerusalem Post: que el organismo no tiene jurisdicción para investigar al país por presuntos crímenes de guerra.
Adicionalmente, Israel argumenta que la Autoridad Palestina -que fue la que presentó la queja ante el organismo- no es un estado y por lo tanto no puede legalmente ser un miembro del organismo.
Hicieron eco de estos argumentos 8 países miembro de la CPI: Alemania, República Checa, Hungría, Brasil, Uganda, Austria, Australia y Canadá.
Entre los oficiales isralíes que podrían estar sujetos a investigación están el primer ministro, Benjamín Netanyahu y el actual ministro de Defensa, Benny Gantz.