"La fractura que debilitó nuestra resiliencia y fuerza está empezando a regresar a nuestras vidas. No debemos tomar decisiones fatídicas sobre los valores fundamentales del país sin un amplio consenso y un diálogo profundo y compartido", concluyó el presidente judío en medio de la profundización de la polarización en el país.
Reforma judicial
El hecho de que Yariv Lenin considere la impopular reforma judicial como una prioridad de estado en medio de la guerra da cuenta de la ilimitada ambición de poder de este gobierno y su alarmante inoperancia.
Aún el gobierno debe explicar varias cosas no solo los crímenes de guerra al mundo sino medidas escandalosas a los propios israelíes: por ejemplo, explicar la inoperancia de la inteligencia del 7 de octubre y las muertes de los rehenes asesinados por las propias FDI por confundirlos con terroristas, pese a que la escena sugería lo contrario (sin camisa, sin cinturones explosivos y con bandera blancas).
Tras los trágicos eventos es poco probable que los israelíes, aún a pesar de un eventual triunfo de Gaza apoyen a un gobierno populista de derecha que, jactándose de su sabiduría irreemplazable en materia de seguridad, agravó y menospreció la tensión con los palestinos que generó el mayor sufrimiento colectivo desde el Holocausto.
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La reforma judicial provocó las manifestaciones más masivas de Israel en sus 76 años de historia.
A fines de diciembre de 2023, la Corte Suprema de Israel anuló la controvertida ley de reforma que intentaba limitar el poder de los jueces y aumentar el control del gobierno sobre el poder judicial.
El aspecto más controvertido, criticado por el pueblo israelí, es la privación a la Corte Suprema de una de sus armas más poderosas: la capacidad de censurar la acción del gobierno como “irrazonable ”.
Permite al Tribunal Supremo revisar y revocar decisiones del Gobierno sobre la base de si es razonable o no sobre cuestiones éticas, señalar riesgos de corrupción o conflicto de intereses, sin tener que calificarlos sobre el fondo. Es una salvaguardia, cuya mera existencia impone cierta moderación al ejecutivo.
Por ello, muchos entienden la reforma como un intento de instalar una dictadura porque supone un peligro para la independencia del Poder Judicial, la impunidad y el retroceso en los derechos civiles.
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