“Pido a todos los haitianos que mantengan la calma y hagan todo lo posible para que la paz y la estabilidad regresen lo más rápido posible", concluyó Henry en un mensaje grabado.
En los últimos días, gobernantes de los países caribeños y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunieron en Jamaica para abordar con urgencia una solución que frenara la creciente crisis en Haití, tomada por pandilleros.
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, reconoció la dimisión de Henry y adelantó que el sucesor interno será designado por un consejo presidencial con dos observadores y 7 miembros votantes. “Los representantes del consejo provendrán del sector privado y de la sociedad civil e incluirán un líder religioso”.
Así, Henry cedió a la presión de los criminales. El líder de la banda criminal más famosa del país, Jimmy "Barbecue" Chérizier, había vuelto a pedir al primer ministro que dimitiera.
"Si Ariel Henry no renuncia y la comunidad internacional continúa apoyándolo; nos llevarán directamente a una guerra civil que terminará en genocidio".
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El primer mis nitor de Haití desde el exterior cedió a la presión de las pandillas y anunció su renuncia.
Crisis en Haití
Haití no ha tenido elecciones desde 2016. El gobierno de Henry considerado corrupto e ilegítimo porque en repetidas ocasiones no celebró elecciones. Henry fue el primer ministro que más tiempo estuvo en el cargo desde que se aprobó la Constitución haitiana en 1987. Juró el cargo casi 2 semanas después del asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. El Parlamento no existe desde que los mandatos de los últimos senadores que quedaban expiraron en enero de 2023.
Tal como contó Urgente24, justamente la violencia en Puerto Príncipe ha aumentado significativamente desde que el 28/02 se conociera que Ariel Henry se había comprometido a celebrar elecciones en Haití antes de septiembre 2025, una fecha muy lejana si se tiene en cuenta que él debió concluir su mandato el 07/02/2023, según un acuerdo de 2022.
Bajo el gobierno de este hombre, las pandillas tomaron el control de gran parte del país y aterrorizaron regularmente a los civiles, cortando el suministro de alimentos y combustible y bloqueando carreteras. Casi la mitad de la población pasa hambre habitualmente, según diversas ONGS.
Henry había intentado conseguir un grupo de trabajo de tropas extranjeras respaldado por la ONU para reforzar la policía del país y reforzar el orden desde octubre de 2022. El 1 de marzo, finalmente consiguió que Kenia firmara un acuerdo para enviar 1.000 oficiales al Caribe.
Solo un pequeño grupo de militares estadounidenses lograron entrar al país. Blinken anunció el lunes 100 millones de dólares adicionales para financiar el despliegue de una fuerza multinacional en Haití, así como otros 33 millones de dólares en ayuda humanitaria y el despliegue pendiente de las oficiales de Kenia.
De todas maneras, las autoridades deberán negociar con los pandilleros que aún controlan el 80% de Puerto Príncipe.
Sobre este punto, si falla la propuesta de paz de Blinken, podría barajar la oferta persistente del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El mandatario salvadoreño se ofreció a normalizar Haití si ONU lo respalda y paga los costos de la fuerza de intervención. El proceso de “restauración del orden” implicaría el envío de una misión de asistencia y el establecimiento de una "oficina de El Salvador en la República de Haití".
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Antony Blinken anunció el lunes 100 millones de dólares adicionales para financiar el despliegue de una fuerza multinacional en Haití.
La idea sería replicar una estado de excepción enfocado en “la guerra contra las pandillas” que redujo 92% de los homicidios en El Salvador. Ecuador tomó el mismo enfoque y pareciera estar funcionando.
Aunque efectivo en términos de seguridad ante la urgencia, el régimen de excepción de Buekele es criticado por varios organismos de derechos humanos que denuncian el control de Bukele casi total de diversas partes del gobierno. Entre las polémicas, la Asamblea Legislativa depuró el poder judicial a finales de 2021, despidiendo a decenas de jueces y nombrando a más de 150 sustitutos, muchos de ellos vinculados al gobierno de Bukele, según una investigación de la Revista Factum.
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