Una persona informada del acuerdo, quien habló con la agencia Reuters bajo la condición del anonimato porque no estaba autorizada a hacer declaraciones sobre el tema, dijo que dos empleados de BP PLC enfrentarán cargos de homicidio imprudencial por la muerte de 11 personas en la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon que provocó el derrame.
"Creemos que esta resolución es lo mejor para los intereses de BP y de sus accionistas", afirmó Carl Henric Svanberg, presidente de la junta directiva de BP. "Esto elimina dos riesgos legales significativos y nos permite defender vigorosamente a la empresa frente a las querellas civiles restantes".
El acuerdo incluye pagos de casi US$2.400 millones a la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre, US$350 millones a la Academia Nacional de Ciencias y unos US$500 millones a la Comisión de Valores.
La petrolera con sede en Londres informó en un comunicado que en el acuerdo no están incluidos los reclamos civiles bajo los términos de la Ley de Aguas Limpias y otras disposiciones. Tampoco se han resuelto las querellas civiles de carácter privado ni las denuncias estatales por pérdidas económicas.
Entre los cargos de los que BP se declarará culpable figuran 11 de índole grave, por conducta indebida o negligente de parte de los jefes de tripulación de sus barcos; uno grave por obstrucción de las labores del Congreso, e infracciones leves al Tratado de Aves Migratorias y la Ley de Aguas Limpias.
El cargo de obstrucción señala que la compañía mintió al Congreso estadounidense sobre la cantidad de crudo vertido por la ruptura del pozo.
El secretario de Justicia, Eric Holder, tenía previsto hablar del arreglo en una conferencia de prensa programada para la tarde, en Nueva Orleáns.
La plataforma petrolera Deepwater Horizon, ubicada a 80 kilómetros de la costa de Luisiana, se hundió después de la explosión ocurrida el 20/4 de 2010. El pozo en el lecho marino vertió un estimado de 780 millones de litros de petróleo crudo, que contaminaron delicados estuarios y playas, derivaron en la muerte de flora y fauna, y obligaron al cierre de vastas áreas del Golfo de México a la pesca comercial.
El derrame expuso la laxa supervisión gubernamental y ocasionó una prohibición temporal a la perforación en aguas profundas, mientras la industria petrolera estudiaba los riesgos, buscaba hacerla más segura y desarrollaba mejores planes en caso de desastre.
La imagen que BP había buscado ganarse, como una empresa amigable con el medio ambiente, quedó dañada, y los propietarios independientes de expendedoras de la marca BP dijeron que perdieron clientes que estaban molestos por el derrame. El director ejecutivo de la empresa Tony Hayward renunció después de las diversas metidas de pata de la empresa, incluida una declaración del ejecutivo, en lo álgido de la crisis, cuando dijo, "me gustaría recuperar mi vida".
El costo del derrame de BP superó por mucho al de Exxon Valdez en 1989. Al final, la empresa llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense por US$1.000 millones , que serían unos US$1.800 millones actuales, si se considera la inflación.
