El agente, quien estuvo en la comisaría del distrito sevillano de Macarena, en España, sostuvo en su defensa que su labor extra pornográfico es compatible porque "era privado, no abierto al público" y que él mismo lo ejercía por afición, sin cobrar por sus servicios eróticos. Asimismo, según sus palabras de la Defensa del policía, los derechos de imagen estaban cedidos a la productora de contenidos pornográficos y que "nunca trabajó como profesional, sólo como amateur, sin cobrar por derechos de imagen ni identificarse como policía nacional y sin utilizar su nombre personal”.
No obstante, el fallo relató indicios contundentes de actividad económica relacionada a la generación de contenido pornográfico, más aún cuando su ex pareja, quien es actriz porno, testificó que cobraba 300 euros por cada aparición-pese a que aclaró que el agente era amateur-, y la Justicia consideró que ambos se beneficiaban ‘al compartir gastos’.
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