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La medida privaría de votar a al menos 9 % de los ciudadanos estadounidenses.
Las mujeres casadas que han cambiado su nombre tampoco podrían participar de las urnas. Ellas podrían enfrentar problemas para registrarse debido a que sus actas de nacimiento incluyen su apellido de soltera, como sucedió en las recientes elecciones municipales de New Hampshire, donde una nueva ley estatal exige presentar prueba de ciudadanía para registrarse como votantes.
También podría privar del derecho al voto a personas de bajos recursos y de la tercera edad que no tienen fácil acceso a documentos de ciudadanía como pasaportes o certificados de nacimiento.
La orden pide al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a cargo de Elon Musk y a las agencias federales que busquen en los registros de votantes estatales en busca de votantes no elegibles.
Conflicto con los estados
En USA, los estados poseen una amplia autoridad para establecer normas electorales (fechas, lugares y modalidades del proceso). La orden ejecutiva probablemente enfrentará impugnaciones judiciales inmediatas debido a su posible “ilegalidad”.
La orden afirma que Estados Unidos ha fallado "en hacer cumplir protecciones electorales básicas y necesarias" y llama a los estados a trabajar con agencias federales para compartir listas de votantes y combatir delitos electorales bajo la amenaza de retirar fondos federales a los estados donde los funcionarios electorales no cumplan.
La orden de Trump ordena a las agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración del Seguro Social y el Departamento de Estado, que compartan con los funcionarios electorales datos federales que podrían ayudarlos a identificar a los no ciudadanos en sus listas.
La orden de Trump exige además a la Comisión de Asistencia Electoral un registro de votación en papel verificable por el votante y no utilizar papeletas en las que el voto contado esté contenido dentro de un código de barras o un código QR. Afirma que la comisión debería condicionar la financiación que distribuye a los estados a estas nuevas directrices.
Esto afectaría a estados como Georgia, que utilizan máquinas de votación con una gran pantalla táctil para registrar sus votos. Las máquinas imprimen una papeleta con un resumen legible de las selecciones del votante y un código QR (un tipo de código de barras) que se lee con un escáner para contabilizar los votos.
En su página web, la Casa Blanca amplió:
“El Fiscal General priorizará la aplicación de las leyes que prohíben a los extranjeros contribuir o realizar donaciones en las elecciones estadounidenses. Todas las agencias deben informar sobre el cumplimiento de la derogación de la Orden Ejecutiva 14019 de Biden, que convirtió a las agencias federales en centros de participación electoral demócrata”.
“Sin una aplicación adecuada de las leyes federales, el voto ilegal, la discriminación, el fraude y otras formas de malversación y error diluyen los votos de los ciudadanos estadounidenses legales”, concluyó.
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