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Donald Trump debe regresar a otro deportado ilegal a El Salvador

La Administración Donald Trump debe regresar a otro deportado en forma indebida de USA a El Salvador en violación de una orden judicial previa.

La jueza federal de distrito Stephanie Gallagher, designada por Donald Trump y con sede en Maryland, dictaminó que el gobierno deportó en forma ilegal a El Salvador a un joven venezolano de 20 años en marzo, violando un acuerdo legalmente vinculante y aprobado por el tribunal en una demanda durante 2024.

En virtud de dicho acuerdo, USA se comprometió a no deportar a los migrantes que llegaron como menores no acompañados hasta que se resolvieran completamente sus solicitudes de asilo.

El hombre, identificado en los documentos judiciales solo como "Cristian", llegó a USA como menor no acompañado y solicitó asilo en diciembre de 2022. Esa solicitud aún estaba pendiente cuando fue deportado en marzo.

La deportación indebida recientemente revelada, que fue reportada por primera vez por ABC News, se parece al caso de alto perfil de Kilmar Abrego García, el hombre salvadoreño que vivía en Maryland antes de ser deportado a El Salvador a pesar de una orden judicial de inmigración de 2019 que prohibía al gobierno de Estados Unidos enviarlo a El Salvador.

Stephanie Agli Gallagher -licenciada en la Universidad de Georgetown y con doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de Harvard- fue nominada por el presidente Barack Obama para jueza del Distrito de Maryland, pero su nominación expiró en enero de 2017 con la clausura del 114to. período ordinario de sesiones, durante el cual no se consideró el pliego.

El presidente Donald Trump la nominó de nuevo para el mismo cargo. Pero otra vez la nominación expiró. Nuevamente el presidente Trump la nominó y, finalmente, fue confirmada por votación oral del Senado en 2019.

Otra curiosidad: la página web Presidential Prayer Team -que invita a orar en beneficio de determinadas personalidades- aconsejó el 23/12/20211 que sus lectores tuvieran a Gallagher en sus plegarias.

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El caso Kilmar Abrego García expuso la ilegalidad de procedimientos de Donald Trump.

La Corte Suprema

La Corte Suprema calificó de "ilegal" la deportación de Ábrego García y ratificó la orden de un juez de distrito que exige a USA facilitar su regreso.

El gobierno de Trump se ha resistido a hacerlo, alegando que no tiene autoridad para traerlo de regreso, aunque recientemente declaró que el Departamento de Estado mantuvo "conversaciones diplomáticas apropiadas" con funcionarios salvadoreños sobre su caso.

Gallagher citó el caso de Abrego García en su fallo.

Tanto Cristian como Abrego García estaban entre los cientos de inmigrantes que fueron subidos apresuradamente a aviones el 15/03 y enviados a una notoria prisión antiterrorista en El Salvador.

Muchos de ellos, incluido Cristian, fueron deportados al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 poco utilizada que otorga al Presidente la autoridad para expulsar rápidamente a invasores extranjeros en tiempos de guerra.

El gobierno de Trump, a menudo con escasas pruebas públicas, acusó a los deportados de ser miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y los calificó de "enemigos extranjeros".

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Enemigos Extranjeros

El Departamento de Justicia argumentó que la invocación por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros reemplazó el acuerdo de 2024 que protegía a Cristian de la deportación mientras procedía su solicitud de asilo.

Pero Gallagher rechazó ese argumento y ordenó a la Administración Trump “facilitar el regreso de Cristian a USA para que pueda recibir el proceso al que tenía derecho”.

El gobierno de Joe Biden llegó a un acuerdo en una demanda colectiva que impugnaba un cambio en la política de asilo durante el primer mandato de Trump. El acuerdo se aplica a un grupo nacional de migrantes que ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir los 18 años.

A diferencia de Abrego García, quien nunca ha sido acusado de ningún delito, Cristian fue condenado en Texas por posesión de cocaína, según el funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Robert Cerna. Tras su condena, los funcionarios de inmigración lo detuvieron en enero de 2025, durante los últimos días del gobierno de Biden.

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Tanto Cristian como Abrego García estaban entre los cientos de inmigrantes que fueron subidos apresuradamente a aviones el 15/03 y enviados a una notoria prisión antiterrorista en El Salvador.

Abrego García

En el caso de Abrego García, la Administración Trump ha argumentado que podría cumplir con la orden de “facilitar” su regreso sin realmente pedirle al gobierno de El Salvador que lo libere y lo envíe de regreso a USA.

Gallagher rechazó explícitamente esa lectura técnica y estrecha de la palabra “facilitar” en su orden sobre la deportación de Cristian.

“Quedarse de brazos cruzados y no tomar medidas no es facilitación. En casos anteriores relacionados con personas expulsadas injustamente, los tribunales han ordenado, y el gobierno ha tomado, medidas afirmativas para facilitar el retorno”, escribió Gallagher. Instruyó a la administración Trump a que presentara “una solicitud de buena fe al gobierno de El Salvador para que libere a Cristian y lo ponga bajo custodia estadounidense”.

La jueza que preside el caso de Abrego García, la jueza federal de distrito Paula Xinis, acordó el miércoles 23/04 aplazar 1 semana la investigación intensiva que autorizó sobre la deportación indebida de la Administración Trump. Sus motivos no se hicieron públicos.

El miércoles 23/04 por la noche, el gobierno estadounidense reconoció haber enviado a 4 personas a El Salvador el 31/03, a pesar de la orden del juez, alegando que las deportaciones fueron realizadas por el Pentágono, lo cual, según los abogados del gobierno, no estaba contemplado en la orden judicial.

Los abogados que obtuvieron el acuerdo alcanzado en 2024 para los solicitantes de asilo que ingresaron a USA cuando eran niños se quejaron en una presentación judicial de que la administración Trump se ha negado a decir si “Cristian” es la única persona cubierta por el acuerdo que ha sido deportada.

“Si otros miembros de la clase han sido expulsados a El Salvador, ellos también deberían ser devueltos”, escribieron los abogados.

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