Desalojo en Puerta del Sol: los acampados de Madrid denuncian violencia policial

Un operativo de 400 agentes retiró a 334 personas de la plaza de Madrid. Los manifestantes denuncian golpes y gas pimienta; la Delegación niega la violencia.

La protesta por la vivienda en Madrid perdió su campamento de madrugada, pero abrió un nuevo enfrentamiento por la actuación policial. Un operativo desalojó este martes a más de 300 personas que permanecían en la Puerta del Sol. Los acampados denunciaron golpes y uso de gas pimienta, mientras la Delegación del Gobierno negó una intervención violenta.

La plaza llevaba ocupada desde el 26 de septiembre, en una movilización que reclamaba soluciones a la crisis habitacional tras el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desahuciada de la vivienda donde había pasado siete décadas y falleció dos semanas después. Después de más de un mes, buena parte de las comisiones organizadoras había anunciado su salida de esta céntrica plaza para trasladar la actividad a los barrios y preparar la huelga general del 11 de noviembre, aunque otros participantes defendían mantener la presencia en Sol. La retirada de esas organizaciones, sin embargo, no había supuesto el abandono completo del lugar.

La intervención comenzó alrededor de las tres de la madrugada, con 220 policías nacionales y 180 municipales, además de bomberos y servicios sociales, y terminó con dos detenidos por presunta desobediencia y resistencia a la autoridad. El portavoz de los acampados, Juan Luis Sánchez, aseguró en RTVE que los agentes los sorprendieron mientras dormían y que hubo violencia cuando intentaron recuperar sus pertenencias. Desde la Delegación, encabezada por Pilar Trinidad, defendieron el desmantelamiento como un “último recurso”, precedido de requerimientos para levantar las tiendas y de informes policiales sobre incidentes en el entorno. Las versiones enfrentadas trasladaron así el conflicto desde la continuidad de la protesta hasta las condiciones en que se puso fin al asentamiento.

El 11-N llevará el reclamo por la vivienda a las puertas de las urnas

El desalojo de la Puerta del Sol llega cuando las organizaciones preparan una convocatoria de alcance nacional. El miércoles 11 de noviembre está convocada una huelga general de 24 horas en España, respaldada por CCOO (Comisiones Obreras), UGT (Unión General de Trabajadores), CGT (Confederación General del Trabajo), CNT (Confederación Nacional del Trabajo) y organizaciones de inquilinos, entre otras entidades. La jornada combina el acceso a la vivienda con reivindicaciones salariales y laborales, y busca extender la movilización a las empresas y las calles. Para quienes habían decidido trasladar su actividad a los barrios, esa fecha será una prueba de su capacidad para mantener la participación fuera del campamento.

La cita tendrá lugar 18 días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y apenas dos jornadas antes del comienzo de la campaña, fijado para el viernes 13. Los partidos afrontarán así el arranque electoral con el conflicto habitacional instalado en la agenda y una protesta que aspira a reunir a trabajadores, estudiantes y familias afectadas por el coste de vivir. Las respuestas al encarecimiento del alquiler y las dificultades para acceder a una casa estarán bajo examen tanto en las movilizaciones como en las propuestas con las que las distintas formaciones pedirán el voto.

Agentes de policía custodian el perímetro de la Puerta del Sol mientras se retiran las instalaciones de la protesta por la vivienda.

Los sindicatos mayoritarios quieren que esas preocupaciones marquen la discusión política, aunque rechazan presentar el paro como una consigna electoral. “Nuestra misión no es influir en el resultado electoral”, sostuvo Unai Sordo, secretario general de CCOO, antes de defender que las condiciones de vida de los trabajadores ocupen el debate público. Pepe Álvarez, líder de UGT, resumió el peso del gasto habitacional sobre las familias con una frase: “La vivienda es el factor que lo estropea todo”. Según recogió La Vanguardia, ambos dirigentes esperan manifestaciones multitudinarias que amplíen el alcance de la convocatoria más allá de quienes puedan parar en sus puestos.

En Madrid, esa preparación ya tiene una estructura fuera del asentamiento: la Mesa Sindical llama a formar comités en centros de trabajo, centros de estudio, barrios y municipios, abiertos a organizaciones sociales y al activismo. Su planteamiento también mira más allá de noviembre: mantener la organización después de la huelga, gobierne quien gobierne. El desafío para la movilización surgida en Sol será convertir la visibilidad que le dieron las tiendas en una participación sostenida, ahora que la intervención policial ha puesto fin a su presencia permanente en la plaza.

La plaza se vacía, pero la vivienda sigue pesando en las urnas

El desalojo cierra la etapa más visible de la protesta en Madrid cuando sus reivindicaciones buscan hacerse escuchar en plena disputa electoral. La huelga de noviembre precederá por apenas dos días al inicio de la campaña, de modo que los partidos empezarán a pedir formalmente el voto después de una jornada con la que sindicatos y organizaciones de inquilinos pretenden demostrar la fuerza del reclamo. El alcance de esa movilización todavía está por verse, pero las encuestas ya muestran que el acceso a una casa ocupa un lugar importante entre las prioridades del electorado.

Según el sondeo del Instituto DYM para 20minutos, realizado entre el 5 y el 7 de octubre mediante 1.011 entrevistas, el 51,3% de los encuestados incluye la vivienda entre los asuntos que influirán en su voto. Para el 22,4%, además, constituye el factor principal, por delante de la inmigración, la economía y la corrupción. Su peso atraviesa distintos electorados, aunque con intensidades desiguales: la identifica como primera motivación el 36,5% de los votantes del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), frente al 12,3% de los del PP (Partido Popular) y el 8,7% de los de Vox. Esa diferencia ayuda a entender por qué una misma crisis puede ocupar posiciones tan distintas en los discursos de campaña.

Sin embargo, reconocer su importancia no significa votar exclusivamente en función de ella. YouGov, una empresa internacional de encuestas e investigación de opinión pública, publicó el 30 de octubre un estudio en el que el 53% sitúa la vivienda entre los dos principales problemas de España, pero solo el 7% la menciona espontáneamente al explicar qué influye más en su decisión electoral. En esa pregunta abierta aparecen por delante motivaciones como impedir un Gobierno de derechas o cambiar al Ejecutivo actual. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, la referencia al problema habitacional asciende al 12%, frente al 5% entre los mayores de 50. La preocupación es amplia, pero su traducción electoral depende también de la edad, las preferencias políticas y las otras cuestiones que cada votante considera prioritarias.

La Puerta del Sol, prácticamente despejada tras las tareas de limpieza que siguieron al desmantelamiento de la acampada por la vivienda en Madrid.

Los datos permiten afirmar que más de la mitad contempla la vivienda entre los factores que pesarán en su voto, aunque queda por ver cuánto protagonismo conservará durante las próximas semanas. La crisis ferroviaria, la situación en Ceuta, la regularización extraordinaria de migrantes y los casos de corrupción que afectan al oficialismo también pueden disputar ese espacio. Los resultados citados no permiten establecer el efecto electoral de la tragedia de Urda; sí muestran que la inmigración y la corrupción tienen especial relevancia entre los votantes de la derecha. Ese reparto ofrece al PP y a Vox un terreno sobre el que dirigir sus críticas al Gobierno, mientras las organizaciones de vivienda intentan evitar que sus demandas queden relegadas por la confrontación entre partidos.

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