Aquella noche
En aquella oportunidad, Mauro Cid abandonó la reunión temprano, unos 20 minutos después de su llegada, para cumplir con su agenda en el Palacio da Alvorada. El militar presentó a Moraes, como prueba, los registros de entrada y salida de la Alvorada.
La información fue confirmada a Folha por personas que siguieron el testimonio de Cid ante el Tribunal Supremo, el jueves (21/11). Contactada, la defensa del Braga Netto aún no ha respondido.
Según las fuentes de Folha, Mauro Cid dijo desconocer lo que se habló en la reunión con Braga Netto en la reunión. También afirmó no saber si el ex presidente Jair Bolsonaro (PL) conocía el plan del general retirado Mario Fernandes para asesinar al presidente Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes.
Este jueves 21/11 el teniente coronel Mauro Cid acudió a la sede del STF alrededor de las 13:30 horas pero dejó una maleta con ropa, zapatos y efectos personales listos en su hogar, esperando ser arrestado.
En marzo último, Cid prestaba testimonio ante el Tribunal Supremo sobre grabaciones de audio de militares reveladas por la revista Veja, en las que criticaba a la Policía Federal y a Moraes por llevar a cabo su acuerdo de culpabilidad, y al final de la audiencia le informaron que sería arrestado. Él se desmayó al enterarse de su regreso a prisión, se recuperó minutos después y fue trasladado al Batallón de Policía del Ejército, donde quedó detenido.
Muchos esperaban que la situación se repitiera el jueves 21/11. Cid, sin embargo, proporcionó todas las aclaraciones, negando, nuevamente, que conocía el plan para matar a las autoridades.
Alexandre de Moraes consideró que Mauro Cid presentó información importante y mantuvo vigente el convenio de colaboración con la Policía Federal. El Procurador General de la República, Paulo Gonet, se mostró contrario a esa decisión.
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Mauro Cid junto a Jair Bolsonaro.
Bolsonaro
Vayamos a Mariana Muñiz para el diario O Globo, desde Brasilia:
"Tras la acusación contra Jair Bolsonaro por parte de la Policía Federal, se espera que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), envíe el próximo lunes (25/11) el informe final de la investigación sobre el complot golpista a la Fiscalía General de la República, que prevé emitir su opinión sobre una posible denuncia contra el exPresidente y otras 36 personas investigadas a principios de 2025. Con ello, el juicio al exPresidente podría comenzar en la Corte en el 1er. semestre del próximo año, según estimaciones personas que siguen de cerca el avance del caso.
Dada la complejidad de la investigación, que involucra a decenas de personas, se espera que el fiscal general de la República, Paulo Gonet, demore alrededor de 3 meses en analizar las más de 800 páginas del informe elaborado por la Policía Federal. Luego de examinar las pruebas, decidirá si presenta o no una denuncia contra el exPresidente y sus aliados. Si decide seguir adelante con la acusación, el caso será remitido al ministro Alexandre de Moraes, relator del caso ante el Tribunal Supremo.
La expectativa es que, tan pronto como la denuncia llegue al Tribunal, Moraes lleve el comunicado de la acusación a la 1ra. Sala del STF para su sentencia. La junta está presidida por Cristiano Zanin Martins y, además de Moraes, la integran los ministros Cármen Lúcia, Flávio Dino y Luiz Fux. Dino y Zanin fueron nombrados por el presidente Lula en su 3er. mandato (el actual).
Si los ministros deciden recibir la denuncia ofrecida por la PGR, Bolsonaro y los demás imputados pasarán a ser imputados. A partir de ahí comenzó el proceso. En esta etapa, tanto Bolsonaro como los demás imputados podrán presentar sus defensas ante el Tribunal Supremo e indicar testigos.
A este ritmo, según miembros de la PGR y del STF, el desarrollo del caso en la 1ra. Sala podría darse a lo largo de 2025, es decir, antes del año electoral de 2026. La preocupación de los miembros de la Corte es que el caso no contamine la próxima disputa presidencial.
Este plazo, sin embargo, puede ampliarse consecuencia de recursos de las defensas de los investigados ante una posible condena. Desde diciembre de 2023, la competencia para juzgar las acciones penales dejó de pertenecer al Pleno y volvió a las Salas, tal como ocurría hasta 2020. Uno de los argumentos para el cambio normativo fue la valoración de que el análisis de las acciones penales por parte del colegiado mayor, con los 11 ministros, acabó ocupando mucho tiempo del Tribunal. Uno de los ejemplos citados fue el juicio de la causa penal que condujo a la condena del expresidente Fernando Collor de Melo, llevado a cabo en 7 sesiones."
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