“Nosotros negamos ser la policía de Europa en el Mediterráneo y rechazamos el asentamiento”, agregó.
La pasada semana, Saddam Haftar, hijo del poderoso mariscal, encabezó una delegación a Washington como enviado del Ejército Nacional Libio, que controla su padre.
La división interna en el país africano no solo ha generado una situación de inestabilidad política y social en el país, sino la incertidumbre sobre quién negocia con otros estados y quién recibiría a los migrantes.
Desde febrero de 2022, Libia volvió a la bicefalia en el poder con el GUN de Debeiba, en control del oeste de Libia, y el Ejecutivo del primer ministro Osama Hammad en la región oriental y gran parte del sur del país, tutelado por Haftar, con el que la comunidad internacional está normalizando relaciones.
¿Está Estados Unidos negociando con un actor no estatal, en la sombra, para esquivar el escrutinio internacional?
Si se confirma la noticia de las deportaciones encubiertas, el gobierno de Donald Trump, sumido en una lucha contra la inmigración ilegal, protagonizará un nuevo escándalo.
Bajo la administración de Joe Biden, el Departamento de Estado de Estados Unidos criticó las "duras y potencialmente mortales condiciones carcelarias" y los "arrestos o detenciones arbitrarios" de Libia.
Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional no se han referido acerca del asunto.
Deportaciones polémicas
Hasta el lunes (05/05) , la administración Trump ha deportado a 152.000 personas, según el DHS. El secretario de Estado Marco Rubio, insinuó la semana pasada que Estados Unidos estaba buscando ampliar el número de países a los que podría deportar algunos de los “seres humanos más despreciables". El Salvador, Costa Rica, Panamá y México son parte de los países que han aceptado recibir a inmigrantes que no son sus ciudadanos.
Sin embargo, Trump enfrenta una fuerte resistencia judicial. El 19 de abril, los jueces de la Corte Suprema prohibieron temporalmente al gobierno de Trump deportar a un grupo de migrantes venezolanos acusados de ser pandilleros. El gobierno de Trump, ha instado a los jueces a levantar o limitar su orden.
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Donald envío en vuelos militares a El Salvador a los primeros deportados de su gobierno.
En el marco de sus primeros 100 días en la Casa Blanca, Trump firmó un orden ejecutiva que ordena a los funcionarios publicar una lista (negra) de jurisdicciones estatales y locales que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración para “proteger a las comunidades estadounidenses de los delincuentes extranjeros” (ciudades santuario, como Los Ángeles).
El gobierno además planea usar bases militares, como Fort Bliss en Texas, para retener a migrantes y los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas buscan a niños inmigrantes no acompañados para deportarlos o procesarlos.
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