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Sombras de la Democracia: Alfonsín 1985 vs. Milei 2025, un paralelismo Inquietante

Raúl Alfonsín 1985 (falso complot) vs. Javier Milei 2025 (falsa conspiración rusa), un paralelismo Inquietante, con 40 años de diferencia.

La historia de Argentina parece repetirse en un ciclo de tensiones entre el poder político y la libertad de prensa. En octubre de 1985, durante la Presidencia de Raúl Alfonsín, un estado de sitio y la detención de tres periodistas marcaron un episodio controversial que puso en jaque los principios democráticos. Cuarenta años después, el 1de septiembre de 2025, el gobierno de Javier Milei enfrenta acusaciones de presionar al Poder Judicial para obtener un amparo que prohíbe la difusión de audios comprometedores de su hermana Karina Milei, mientras la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, señala a periodistas, espionajes rusos, venezolanos y kirchneristas como parte de una supuesta “operación de desestabilización” de ribetes alucinantes, verdaderamente impropias para quien detenta semejante cargo de relevancia.

Ambos casos, aunque separados por décadas, revelan un patrón preocupante: el uso del poder estatal para silenciar voces críticas en momentos de crisis política. Este análisis compara ambos episodios, explorando sus similitudes, diferencias y las implicancias para la libertad de expresión.

Contexto: Democracias Bajo Presión

En 1985, Alfonsín gobernaba una Argentina que apenas salía de la dictadura militar (1976-1983). La democracia era frágil, y los rumores de complots golpistas, sumados a amenazas de bomba antes de las elecciones legislativas, llevaron al gobierno a declarar un estado de sitio mediante el Decreto 2049/85. La medida, justificada como una defensa del orden constitucional, resultó en la persecución y detención de doce personas, incluidos los periodistas Rosendo Fraga, Daniel Horacio Rodríguez y Jorge Antonio Vago, acusados de generar un “clima de perturbación”. La falta de pruebas concretas y la rápida liberación de los detenidos dejaron en evidencia la desproporción de la respuesta, aspecto éste muy destacado en el The New York Times de aquellos días.

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Rosendo Fraga.

Ahora, 40 años después, en 2025, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta distinta pero igualmente turbulenta. En medio de fuertes tensiones económicas, cambiarias y financieras y un escándalo de presunta corrupción que involucra a su círculo íntimo, incluido su hermana Karina donde, con audios filtrados, sugieren un esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y otras agencias estatales. La reacción del gobierno ha sido señalar a periodistas y acusar a actores externos —rusos, venezolanos y kirchneristas— de orquestar una “operación de desestabilización”. Un amparo judicial, descrito como constitucionalmente débil, prohibió la difusión de estos audios, apuntando a medios y periodistas críticos. La ministra Bullrich, en una declaración incendiaria, reforzó esta narrativa, evocando teorías conspirativas sin pruebas sólidas.

Similitudes: El Poder Contra la Prensa

Ambos episodios comparten un núcleo común: el uso de herramientas estatales para neutralizar críticas en momentos de alta tensión política. En 1985, Alfonsín recurrió al estado de sitio, una medida extrema que suspendió garantías constitucionales y permitió detenciones sin cargos formales. Los periodistas fueron acusados de desestabilizar al gobierno, un cargo vago que no resistió el escrutinio judicial. En 2025, el amparo judicial impulsado por el gobierno de Milei busca silenciar la difusión de audios comprometedores, mientras las funanbulescas declaraciones de Patricia Bullrich estigmatizan a la prensa como parte de un complot externo. En ambos casos, la retórica oficial apela a la “defensa de la estabilidad” para justificar restricciones a la libertad de expresión.

Otro paralelismo es la falta de sustento probatorio. En el caso de Alfonsín, las detenciones se basaron en sospechas de conspiración, pero los cargos fueron desestimados rápidamente por la justicia. En 2025, el amparo judicial carece de solidez constitucional, según analistas, y las acusaciones de Bullrich sobre rusos y venezolanos no han sido respaldadas por evidencia concreta. Esta vaguedad en las acusaciones sugiere que, en ambos momentos, el objetivo principal fue desviar la atención de crisis internas, futuras derrotas electorales y proyectar un enemigo externo común (FALACIA AD HOMINEN) en un contexto de narrativas del vocero Adorni de características macartistas.

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Patricia Bullrich y Javier Milei.

Diferencias: Herramientas y contexto

A pesar de las similitudes, los contextos y las herramientas utilizadas difieren significativamente. En 1985, Alfonsín actuó en un marco de posdictadura, donde la amenaza de un golpe militar era una preocupación legítima. Su decisión, aunque criticada, se enmarcó en un intento de proteger una democracia naciente. Las detenciones, aunque injustificadas, fueron puntuales y de corta duración, y Alfonsín no mantuvo una retórica sostenida contra la prensa.

En contraste, el gobierno de Milei opera en un contexto de polarización extrema y crisis económica, con un estilo político que ha hecho de los ataques a la prensa una constante. Desde su asunción en diciembre de 2023, Milei ha estigmatizado a periodistas, acusándolos de ser “sicarios” o “roñosos”, y ha promovido un discurso de odio que incluye el lema “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. El amparo judicial de 2025, combinado con las acusaciones de Bullrich, refleja una estrategia más sofisticada que combina la judicialización con narrativas conspirativas, amplificadas en redes sociales como X. Además, el señalamiento a actores extranjeros como rusos y venezolanos introduce un elemento geopolítico cuanto menos sorprendente-por no decir ridículos- ausente en las instancias de 1985.

Otra diferencia clave es el impacto en los periodistas. En 1985, las detenciones fueron breves y no escalaron a una persecución sostenida. En 2025, los ataques a la prensa incluyen agresiones físicas, como la sufrida por Roberto Navarro, y campañas de desprestigio en redes sociales, como la dirigida contra el periodista Jorge Rial o Julia Mengolini con un video falso generado por IA. Estas acciones, respaldadas por el propio Milei, han creado un clima de hostilidad que trasciende lo institucional y fomenta la violencia.

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Espionaje ruso: Bandera de Servicio Federal de Seguridad o Federálnaya sluzhba bezopásnosti Rossíyskoi Federátsii o FSB (ex KGB).

Implicancias: La Libertad de Expresión en jaque

Ambos episodios plantean preguntas fundamentales sobre los límites del poder estatal en una democracia. En 1985, la reacción de Alfonsín fue vista como un error táctico que contradijo su legado como defensor de los derechos humanos. Sin embargo, su gobierno no institucionalizó la hostilidad hacia la prensa, y el episodio quedó como una excepción en su gestión. En cambio, el gobierno de Milei ha consolidado un patrón de agresiones sistemáticas contra periodistas, con cierres de medios públicos como Télam, restricciones al acceso a la información y un discurso que legitima la violencia. Para algunos “lugartenientes” de Milei como “las cyber fuerzas del cielo” se trata de distintas etapas de la “Batalla Cultural”…. todo pasa por lo bélico.

El amparo judicial de 2025, al prohibir la difusión de audios, recuerda las tácticas de censura indirecta denunciadas por expertos como Ricardo Gil Lavedra, quien advirtió que los ataques de Milei buscan inhibir el discurso crítico. La mención de Bullrich a rusos, venezolanos y kirchneristas como parte de una “operación de desestabilización” evoca las acusaciones de Alfonsín sobre un “clima de perturbación”, pero con un tono más agresivo y conspirativo, alineado con la retórica populista de derecha, muy parecida en su ADN -pero de signo izquierdista- a las sostenidas en su momento por ideólogos extremistas como Ernesto Laclau (el ideólogo de CFK) o Alex Dugin (ideólogo de extrema derecha de Putin) o Agustin Laje para con Milei.

El apoderado de la AFIP, Ricardo Gil Lavedra.

Ricardo Gil Lavedra.

Conclusión: Un Eco del Pasado, una Amenaza al Futuro

Los paralelismos entre 1985 y 2025 son inquietantes: en ambos casos, gobiernos democráticos recurrieron a medidas excepcionales para controlar narrativas críticas, justificándolas como defensa de la estabilidad. Sin embargo, mientras Alfonsín actuó en un contexto de transición democrática con un error puntual, el gobierno de Milei parece haber institucionalizado la hostilidad hacia la prensa como parte de su estrategia política. El amparo judicial de 2025, junto con las acusaciones infundadas de Bullrich, no solo amenaza la libertad de expresión, sino que también socava la confianza en las instituciones democráticas.

En un país con una historia marcada por la censura y la represión, estos episodios son un recordatorio de la fragilidad de los derechos conquistados. La democracia argentina, tanto en 1985 como en 2025, enfrenta el desafío de equilibrar la gobernabilidad con el respeto irrestricto a la libertad de prensa. La pregunta que queda es si el presente aprenderá del pasado o si, como en un eco trágico, la historia seguirá repitiéndose.

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Diego A. Estévez Rezende es economista y también comunicador de experiencia en Argentina y España.

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