Luego, el Sector Público Nacional presentó en enero del 2024 –primer mes completo de gestión del nuevo gobierno– un superávit primario de $2 billones que, luego del pago de intereses por $1,5 billones, arroja un resultado financiero positivo de $500 mil millones.
Aumento para los jubilados y pensionados: Cuándo cobran en febrero
Los jubilados recibirán un bono para morigerar el impacto de la inflación en sus haberes, pero ya perdieron $2,5 billones según Idesa.
“El ajuste fiscal actual se basa en que mientras la recaudación aumenta a un ritmo parecido a la inflación, los gastos se actualizan por debajo de la inflación”, agregaron desde Idesa.
Licuación contra las jubilaciones
“La contribución al superávit fiscal que hizo la reducción de las transferencias a provincias es marginal. La licuación que sufrieron las jubilaciones, las asignaciones familiares y los planes asistenciales son 10 veces más que la que sufrieron las transferencias a las provincias. Sin reducción en las transferencias a las provincias, igual hubiera habido superávit financiero. Hay un gran desbalance entre la intensidad de los ajustes y el nivel de conflictos que están generando. Particularmente preocupante es el conflicto con las provincias que son las menos perjudicadas en la licuación del gasto”.
El informe continúa así:
El ajuste basado en la licuación se sostiene mientras se mantenga la inflación. Pero si la inflación baja, como el gobierno espera, se producirá el efecto inverso. Los sindicatos y las agrupaciones piqueteras presionarán para recomponer salarios y planes asistenciales y los ajustes por fórmula de movilidad en las jubilaciones y las asignaciones familiares harán crecer el gasto por encima de la inflación. El resultado financiero positivo tenderá a revertirse. Por esto, es urgente establecer fuentes más genuinas y sustentables de equilibrio fiscal.
Para alcanzar equilibrio financiero sustentable es imprescindible un ordenamiento integral del Estado que comprenda los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios). No hay manera de eliminar los crónicos déficits financiero y de gestión que padece el sector publico si no se eliminan los solapamientos tanto en materia de impuestos como de administración del gasto público. Ningún nivel de gobierno por sí solo puede resolver estos problemas. No sirve una reforma tributaria nacional o provincial impulsada de manera unilateral ya que se necesita una reforma acordada entre los niveles de gobierno para unificar y simplificar impuestos. Análoga situación se da ante el desafío de mejorar la calidad de los servicios a cargo del Estado.
La escalada del conflicto entre la Nación y las provincias es una irresponsabilidad en la que subyace un grave error de diagnóstico. Por un lado, desde el punto de vista del ajuste basado en la licuación que impulsa el gobierno, el aporte de las provincias no es decisivo. Por el otro, desde el punto de vista del desafío de migrar hacia un equilibrio fiscal más sustentable, es imprescindible el acuerdo y trabajo conjunto entre la Nación y las provincias. Por lo tanto, en lugar de seguir escalando el conflicto, debería prevalecer un diálogo serio y fundado sobre como ordenar el régimen federal.
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