Según dijeron fuentes del Gobierno al diario 'Ámbito Financiero', en la previa integrantes del equipo económico realizaron una serie de informes que dan cuenta de la coyuntura y los potenciales impactos sobre las cuentas nacionales. Además se agregó un documento específico sobre las consecuencias de la sequía sobre distintas variables. Todo esto fue utilizado como argumentación por el área de jurídicos.
El BCRA apeló a más reservas para evitar que el dólar subiera más. Montaje: Urgente24
La novedad judicial que llega de Londres a la Argentina es un alivio para las reservas del Banco Central.
La novedad judicial que llega de Londres es un alivio para las reservas del Banco Central, que según un relevamiento de la consultora 1816 en términos netos se encuentran en terreno negativo por más de US$6.000 millones.
Esto ocurre luego de que en las últimas horas el Gobierno concretó el pago de cupones de la deuda reestructurada con acreedores privados por alrededor de US$1.000 millones.
El fallo
El fallo del juez británico recoge algunos de los argumentos que el equipo económico esgrimió. Señala que en caso de concretar el pago anticipado Argentina sufriría claramente un perjuicio que considera "irremediable" porque está atravesando graves problemas. En esa línea, hace mención específicamente a "la dura sequía que en los últimos meses agravó los problemas del país".
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El juez británico le impidió cobrar a un grupo de acreedores del Gobierno bajo el argumento de la difícil situación económica que atraviesa la Argentina.
Previamente, el secretario de Hacienda Raúl Rigo explicó que la medida solicitada por los demandantes tendría impacto en lo inmediato y requeriría reducir partidas que están previstas para el presupuesto 2023. Además, el Gobierno argumentó que no estaba previsto en este ejercicio fiscal y que el Banco Central no cuenta con herramientas dentro de su carta orgánica para hacer frente a esta situación.
La puja judicial por la cuestión de fondo continúa. Los demandantes que en abril tuvieron una sentencia favorable en primera instancia aseguran que el Estado "manipuló" los datos del PBI para no pagar la cláusula impuesta por Roberto Lavagna. El Gobierno apeló el fallo y apuesta revertir la decisión judicial que implicaría el pago de US$1.500 millones.
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