O sea que, en la práctica, el acuerdo marco extrajudicial en torno de reconocer 1,5 por cada dólar en default, que fue lo que efectivamente cobraron los fondos buitres, a cuyos abogados el Estado argentino les pagó millonarias sumas que superaban el 0,2% del total en cuestión, lejos está de haber servido para levantar el default, como se anunció.
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La demanda contra la República Argentina
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Sucedió que, al haber participado activamente el mediador puesto por el juez Griesa, Daniel Pollack, en la negociación de partes en litigio y ser homologada por el tribunal, adquirió valor vinculante ante la comunidad financiera internacional, con lo cual se reanudaran los créditos hacia la Argentina, que habían estado suspendidos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Cola de candidatos a pleitear
E inclusive si alguno de los fondos rebeldes (entre otros el HWB Victoria Strategies Portfolio, Drawrah Limited, NW Global Strategy, Schmidt y el U.V.A. Vaduz) eventualmente llegasen a apelar ante la 2da instancia la regulación de honorarios, seria como reanudar el "Juicio del Siglo en la zaga de las apelaciones antes la Cámara de Nueva York.
De modo que la judicialización de los incumplimientos de Argentina vuelven al punto de partida el default de la deuda, después de canjes, recanjes, pagos de parte de sentencias y ahora de los US$ 9.300 millones entregados a los fondos buitres en abril de 2016, luego de recibir el aval parlamentario.
En aquel momento, justificaron la propuesta oficial ante la Comisión plenaria en el Congreso el ministro Alfonso Prat Gay Caputo, junto con el subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios de la cartera y socio del estudio Garrido, Eugenio Bruno, quien había sido el arquitecto del acuerdo con los fondos buitres.
Convencieron a los legisladores de que era preferible arreglar con esos grandes acreedores y arrastrar al resto, que enfocarse primero en las sentencias para después negociar con quienes no las tenían, como era la posición del presidente del Banco Central Federico Sturzenegger. El diputado kirchnerista Carlos Heller reconoció que era la solución más práctica y barata.
El equipo económico recibió así un cheque en blanco para endeudarse aun a tasas de interés que superan a las que se les aplican al financiamiento de países que no tienen esta clase de problemas. Dos años después, con este menú de juicios abiertos y sentencias sin cumplir, ni siquiera ese arreglo sirvió para sacar la deuda del default y sí deja de nuevo al país a merced de las cortes extranjeras.
Un manotón de ahogado fue, en ese sentido, la presentación que hizo el gobierno ante la SEC de Wall Street para blanquear que hay una parte de la deuda (US$ 5.100 millones) que no ha sido normalizada, pero ratificar que existe una actitud de cumplimiento.
Desde que asumió el nuevo gobierno, Bruno replanteó en Nueva York la estrategia legal que había estado a cargo del bufete de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que designó a Lee Buchheit defensor de los intereses argentinos en la nueva etapa de negociaciones con los holdouts.
Tampoco está claro qué se hará con los cupones de los bonos que ajustan por PBI pendientes desde 2014, por sumas que llegarían hasta US$ 4200 millones, los que también técnicamente están en default aunque no haya habido nuevas presentaciones judiciales hasta ahora, debido a que se espera el resultado oficial de 2017 para ver si el pago pasa a 2018.