El Gobierno de Javier Milei mandó hoy, miércoles 27 de diciembre, al Congreso la tan esperada ley ómnibus, en donde se incluyó un apartado especial dedicado a la regularización de activos (blanqueo de capitales).
El objetivo está en blanquear plata en efectivo, participaciones accionarias, propiedades, activos financieros (acciones, bonos, etc.) y bienes intangibles.
Además, también se pueden declarar si están afuera del país, sumándose las criptos a la movida. Eso sí, la ley no permite blanquear bienes que estén en paraísos fiscales.
En este tema, el tributarista Guillermo Poch le dijo a Ámbito que el proyecto le parece “interesante”, ya que este tipo de medidas "contribuyen a sincerar la economía y dar lugar al ingreso de bienes en el exterior para ser invertidos localmente"
El blanqueo tiene tres etapas, con una base imponible de US$ 100.000 y los porcentajes de pago van de 5% a 15%, aumentando con el tiempo. Las etapas son así:
Sobre las diferentes etapas, Poch dijo que está interesante que el proyecto establezca momentos distintos para sumarse al blanqueo, porque "la gente puede estar más interesada en ingresar cuando hay buenas perspectivas de la economía local".
En el proyecto, se excluye a los "funcionarios públicos" que hayan estado en funciones desde el 30 de diciembre, hasta que la ley se ponga en marcha. Los excluidos son:
Además, quedan afuera los "familiares de los funcionarios públicos", tanto cónyuges como ascendientes, descendientes y ex cónyuges, "que hubieran sido cónyuges durante el tiempo en el que dichos sujetos se desempeñaron en los cargos detallados".
Tal como informó Urgente24 en: Milei metió en la "Ley ómnibus" la ratificación del mega-DNU, Javier Milei envió este miércoles al Congreso el proyecto de ley con un amplio paquete de reformas a lo largo de 664 artículos. Y es en uno de los últimos, el N°654, en el que solicita la aprobación del polémico decreto de Necesidad y Urgencia 70, de desregulación.
De esa forma, el Ejecutivo pretende alterar el mecanismo de ratificación de los DNU planteado en la legislación vigente.
Esa reglamentación dispone que el jefe de Gabinete envíe el decreto dentro de los 10 días hábiles desde su publicación a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, conformada por 8 diputadas y 8 senadores, cuyos nombres todavía deben definirse.
Luego, la Comisión debe elevar un dictamen que cuente con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros a ambas cámaras, también dentro de 10 días. En este dictamen, la Bicameral deberá expedirse sobre la validez o invalidez del decreto y sobre la procedencia formal y la adecuación a las bases de la delegación y al plazo fijado para su ejercicio.
Una vez que ingrese a cada Cámara, los Diputados y Senadores únicamente tendrán la posibilidad de aprobar o rechazar el DNU, no hay instancias de suspensiones, agregados o cualquier tipo de modificación a la norma. La aceptación o el rechazo del decreto debe contar con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
Si ambas cámaras rechazan el DNU, este pierde validez de forma permanente. De todos modos, en el período que comprende la promulgación del decreto hasta el final de su tratamiento en el Congreso, mantendrá la vigencia como una ley más.
En el proyecto denominado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, en las "Disposiciones finales", como si tratara de pasar desapercibida, se plantea en el artículo 654: "Ratificase el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23".
EL DNU 70/23, que reforma distintos aspectos de la vida económica y social, fue impugnado en la justicia mediante distintas presentaciones. Este mismo miércoles fue rechazado uno presentado por la CGT, que se movilizó hacia Tribunales en rechazo de las reformas laborales que plantea el decreto, dado que éste aún no entró en vigencia, lo que está previsto para este 29/12.
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