En paralelo, otros jugadores mantienen su interés en el negocio ferroviario argentino. Entre ellos se destacan empresas locales del sector y grandes conglomerados internacionales, como Grupo México, que ya manifestó su intención de participar con inversiones estimadas en torno a los US$3.000 millones.
Justamente es este grupo el que elevó quejas por las condiciones de la privatización. En una entrevista a Bloomberg Línea, el director ejecutivo del grupo, Fernando López Guerra, declaró:
Si no introducen un cambio radical en la forma en que planean llevar a cabo la licitación, no vamos a presentar una oferta. Si no introducen un cambio radical en la forma en que planean llevar a cabo la licitación, no vamos a presentar una oferta.
La queja se basa en que el Gobierno pretende separar el Belgrano Cargas en nueve subastas separadas, permitiendo el libre acceso y uso de la infraestructura a los diferentes ganadores. Por eso, Grupo México no se vería tan entusiasmado a participar si su inversión no tiene una cláusula de exclusividad.
Otras compañías interesadas en la licitación
También aparecen en el radar compañías agroexportadoras que buscan asegurar eficiencia logística en el transporte de granos, como Cargill Inc y Bunge Global S.A., un factor clave para mejorar competitividad.
En experiencias recientes, como la privatización de activos energéticos, ya se evidenció una limitada participación internacional, lo que podría anticipar un escenario similar para el sector ferroviario.
Desde el punto de vista económico, la privatización de los trenes de carga tiene implicancias significativas. Por un lado, el Gobierno espera reducir subsidios y mejorar la eficiencia operativa de un sistema históricamente deficitario, además de conseguir divisas de los contratos.
Por otro, apuesta a que la inversión privada modernice la infraestructura y reduzca costos logísticos, un aspecto crítico para un país donde el transporte incide fuertemente en los precios de exportación.
No obstante, la historia ferroviaria argentina introduce cautela en el análisis. El proceso de privatizaciones de los años noventa generó mejoras en algunos segmentos, pero también dejó como saldo el cierre de ramales y la desconexión de numerosas localidades. Este antecedente plantea desafíos regulatorios para evitar efectos negativos en regiones menos rentables.
En un escenario donde la necesidad de dólares es central, la capacidad de atraer y retener capital extranjero será determinante para sostener la hoja de ruta oficial.
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