En ese sentido, se refirió a las herramientas que el estado provincial puede aportar a los productores para hacer frente a la plaga. "Capacitación a productores y a ingenieros para entender cómo se desenvuelve la plaga, y una red de monitoreo y de alertas. Habrá que trabajar con semilleros, porque hay también una cuestión genética y hay que ver las variedades", explicó.
Por su parte, indicó que "Con Senasa analizaremos las aplicaciones que se están haciendo hoy para esta plaga, porque necesitan una homologación o oficialización. Hay un acto y una tarea que tiene que hacer Senasa con respecto a con qué remedios o insecticidas atacamos esta plaga y ahí también se están haciendo gestiones".
Para finalizar, Mántaras aseguró que, desde el Ministerio, se ve con "mucha preocupación" lo que pueda suceder en la próxima campaña ya que "los productores, ante este escenario, pueden volcarse hacia otros cultivos y esos cambios de decisiones generan impacto, y condicionan algunas otras cadenas".
"El maíz para nosotros es estratégico para la provincia, como insumo para otras cadenas, así que alguna de las acciones también van a contemplar cómo afecta a otras cadenas productivas como las lecheras, bovinas, porcinas, aviares", cerró.
Políticas
Por otro lado, durante la reunión se examinaron posibles políticas para acompañar a productores que sufrieron precipitaciones abundantes en el departamento Rosario y a aquellos que tuvieron carecía de lluvias en los departamentos de San Cristóbal y 9 de Julio.
En relación a ello, se definieron tres líneas de asistencia: la primera, destinada a productores hortícolas de Fighiera y Coronel Bogado, se harán gestiones para canalizarlos a través de Ader Rosario por "exceso de lluvias".
En segundo lugar, para productores ganaderos que ya tenían certificado de emergencia por sequía, con fondos remanentes de la Ley de Emergencia Agropecuaria, y la última, apuntada a ganaderos y mixtos departamentos del norte que sigan afectados por la sequía, pero no será excluyente la tenencia de certificado.
La junta contó con la participación de entidades agropecuarias como el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Confederación de Asociaciones Rurales, la Federación Agraria Argentina y Coninagro; el INTA; el Senasa; representantes del Ministerio de Economía, del API y del agente financiero, entre otros.
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