Como sea, el gobierno nacional planea vender inmuebles y más de 20 campos experimentales del INTA, en lugar de potenciarlos con más profesionales, tecnología y comunicación para seguir generando conocimiento aplicable al desarrollo del agro y la mejora de la competitividad argentina justo ahora que la guerra comercial desatada por la crisis de los aranceles de Donald Trump exige que Argentina mejore su calidad, eficiencia y diferenciación de su producción agroindustrial para lo cual el INTA es clave.
Pero, ¿cuáles son los intereses que priman para la casta libertaria? Claramente, los negocios inmobiliarios. En ese marco, estiman que terminarán rematando entre 45.000 y 50.000 hectáreas bajo el argumento de que estarían "subutilizadas".
Y no solo ello, pues el gobierno apuntaría también a la provincialización del INTA, "partiendo en pedazos" un organismo de esta calidad, que el Estado Nacional perdería, en lugar de contribuir "al desarrollo sostenible del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial a través de la investigación y la extensión", como es su misión.
Y así, el INTA quedará librado a la voracidad inmobiliaria que aclama el Gobierno de Javier Milei.
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