Por otro lado, las partes acordaron el retiro voluntario de 298 empleados y se formó un grupo que analizará la dotación del personal a 75 días. Sin embargo, los concejeros del INTA evitaron el despido de los 227 empleados que ingresaron en 2023 y no pertenecen a la planta permanente.
Previamente, Manuel Adorni había argumentado los despidos en que "el 50% de sus 6.852 empleados actuales ingresó durante los gobiernos de Cristina Fernández, entre 2007 y 2015. De los 250 millones de dólares al año que recibe el INTA, el 90% se usa para pagar sueldos". Según Clarín, en el encuentro algunos consejeros pidieron "más gente y no menos".
Otro de los puntos que se discutió en la reunión fueron las intervenciones en las direcciones nacionales, donde el Ejecutivo pretendía nombrar a ocho personas cercanas. El consejo rechazó el pedido, pero se aprobó la creación cuatro lugares como asesoría del Consejo Nacional del INTA.
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