La cooperativa eléctrica de Neuquén encontró casas con uso irregular de la electricidad en barrios privados, un costo que paga el resto de la sociedad.
La cooperativa eléctrica local CALF detectó más de 30 viviendas de alto poder adquisitivo conectadas de forma ilegal a la red o con medidores adulterados para registrar consumos mínimos, según publicó Diario Rio Negro. El hallazgo se produjo tras auditorías técnicas sorpresivas, en lo que la entidad calificó como una “ofensiva sin precedentes” contra el fraude en zonas residenciales premium.
Las propiedades involucradas no eran casos menores. Se trata de casas que, en algunos casos, superan los 350 metros cuadrados y cuentan con equipamiento de alto consumo energético, como sistemas de climatización permanente, piletas climatizadas, bombas y riego automatizado. Sin embargo, gran parte de esa demanda eléctrica no era registrada, lo que implica pérdidas millonarias para el sistema.
Desde el punto de vista económico, el impacto trasciende a la cooperativa. El fraude eléctrico genera un costo sistémico que termina trasladándose al resto de los usuarios a través de tarifas más altas o menor capacidad de inversión en infraestructura. En otras palabras, el consumo no pagado por algunos sectores es financiado indirectamente por quienes sí cumplen con sus obligaciones.
El esquema detectado incluyó maniobras de alta complejidad técnica, como conexiones subterráneas directas a la red o bypass que evitaban el paso por los medidores. Estas prácticas, lejos de ser errores, fueron calificadas por la cooperativa como “hurto premeditado” en sectores que, paradójicamente, cuentan con capacidad económica para afrontar el costo del servicio.
El caso también expone la dificultad de control en urbanizaciones cerradas. La privacidad y el acceso restringido de los barrios privados funcionan como una barrera para la fiscalización, lo que facilita la proliferación de estas prácticas ilegales.
En términos fiscales y regulatorios, la respuesta será contundente. Las autoridades ya avanzan en la aplicación de multas retroactivas por el consumo no registrado, que podrían abarcar varios años, y evalúan impulsar acciones penales por hurto de energía. Además, se ordenaron cortes de suministro y la regularización obligatoria de las instalaciones antes de restablecer el servicio.
Las conexiones clandestinas no solo afectan la recaudación, sino que también pueden provocar fallas en la red, incendios o accidentes, elevando los costos de mantenimiento y aumentando la vulnerabilidad del sistema eléctrico.
Mientras algunos usuarios enfrentan ajustes por quita de subsidios, otros directamente evaden el pago para climatizar sus piletas.
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