En la práctica, las compañías prefieren judicializar el tema antes que asumir una deuda con el fisco bajo condiciones que consideran desventajosas. “Las empresas creen que la ley les da la razón al actualizar los quebrantos, y que la falta de actualización puede resultar confiscatoria”, detalló López Chiesa.
¿Por qué el plan de ARCA no resulta atractivo para las empresas?
El rechazo generalizado al plan de pagos tiene múltiples causas. Según los tributaristas, el esquema de ARCA no ofrece ventajas reales respecto de la vía judicial.
Leonardo Fernández, de FLJ Consultores, explicó que “el plan no luce atractivo en cuanto a reducción de intereses o multas, apenas contempla la figura del error excusable, que tiene un alcance limitado”.
“Las empresas que ya actualizaron quebrantos están convencidas de que ganarán en los tribunales, apoyadas en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Por eso no tiene sentido generar una deuda fiscal para regularizar algo que creen haber hecho correctamente”, afirmó.
De hecho, ARCA debió extender los plazos y flexibilizar las condiciones en reiteradas ocasiones para intentar sumar adhesiones. Sin embargo, el sector privado percibe estas prórrogas como señales de debilidad, más que como oportunidades.
“Si el organismo ofrece más tiempo, condonaciones parciales y dictámenes aclarando que no habrá sanciones, es porque la recaudación está muy por debajo de lo esperado”, señaló Carlos Fernández, de Crowe Argentina.
Qué dice la Justicia sobre la actualización de quebrantos
El debate no es nuevo. Desde hace años, las empresas discuten si corresponde o no actualizar los quebrantos impositivos por inflación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya fijó posición en fallos emblemáticos como Candy y Telefónica de Argentina, donde sostuvo que la prohibición de ajustar por inflación puede tornarse inconstitucional si genera una tasa impositiva confiscatoria.
Según explicó Leonardo Fernández, “cuando la falta de actualización genera confiscatoriedad, la prohibición no puede aplicarse”. Sin embargo, la ambigüedad de las normas actuales —modificadas durante la reforma fiscal de Mauricio Macri— abre espacio para distintas interpretaciones.
Las compañías con saltos de tasa efectiva importantes suelen recurrir a la Justicia, amparadas en esa jurisprudencia. En cambio, aquellas con impactos más leves prefieren aplicar los quebrantos a valores históricos para evitar riesgos.
“Las recientes sentencias del Tribunal Fiscal que rechazaron la actualización de quebrantos se basaron en pericias contables deficientes, pero los antecedentes de la Corte siguen vigentes”, recordó Fernández.
ARCA frente a la judicialización masiva
Con las empresas apostando a los tribunales, ARCA enfrenta un escenario complicado, menor recaudación y más litigios. Con ese panorama, algunos especialistas recomiendan iniciar acciones declarativas de certeza con medidas cautelares, para anticipar el pronunciamiento judicial antes de que el fisco agote la vía administrativa.
“Es conveniente ir al fuero federal de manera temprana, antes de que ARCA avance con intimaciones o sanciones”, aconsejó Pérez, quien considera que la estrategia judicial es la única que puede garantizar seguridad jurídica ante la incertidumbre normativa.
La falta de confianza en la autoridad fiscal se acentúa con cada modificación del plan. Para el sector privado, la conducta de ARCA parece más enfocada en sostener la recaudación que en brindar soluciones claras.
Multas, sanciones y causas penales: ¿Qué pasa si no se adhiere al plan de ARCA?
Uno de los puntos que más dudas genera entre los empresarios es el riesgo de sanciones por no adherirse al plan. En ese sentido, ARCA intentó calmar las aguas a través de un dictamen reciente de la Dirección Nacional de Impuestos, que introduce la figura del error excusable.
Según ese documento, quienes actualizaron quebrantos no habrían incurrido en “omisión de impuestos” ni en maniobras fraudulentas, sino en una interpretación discutible de la norma. Para los tributaristas, esta postura protege tanto a quienes ingresen al plan como a quienes no lo hagan.
“Si el propio organismo reconoce que no hubo dolo ni intención de defraudar, ese criterio puede servir también para descartar causas penales o multas por omisión”, analizó Leonardo Fernández.
Pérez, por su parte, opinó que “la conducta debe evaluarse caso por caso, pero el dictamen de ARCA reduce sensiblemente los riesgos legales de quienes opten por judicializar el tema”.
¿Qué futuro le espera al plan de ARCA?
Con los grandes contribuyentes resistiendo el llamado oficial y la Justicia respaldando, en parte, la postura de las empresas, el plan de pagos de ARCA parece condenado al fracaso.
El organismo apuesta a que la extensión del plazo hasta el 28 de noviembre permita revertir la tendencia, pero los expertos no son optimistas. “Quien actualizó quebrantos ya tiene la convicción de que ganará la discusión. No hay incentivo suficiente para sumarse a un plan que no ofrece beneficios reales”, resumió López Chiesa.
Mientras tanto, los tribunales seguirán recibiendo demandas y las compañías continuarán defendiendo su posición técnica frente al fisco.
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