“Estamos gestionando las medidas de corto plazo para este verano, pero no podemos descartar que existan dificultades”, reiteró González. Subrayó que uno de los mayores obstáculos es la falta de capacidad en el sistema de transmisión, que no ha sido expandido ni modernizado de manera adecuada en los últimos años. “Tenemos una restricción en transmisión que va a ser difícil de sortear en el corto plazo”, admitió.
Cabe recordar que en julio pasado, un informe de Cammesa advirtió que la generación eléctrica no alcanzará para cubrir los picos de demanda y habrá cortes masivos de luz en todo el país.
La compañía que administra el mercado eléctrico mayorista prevé que "de no contar con la importación considerada y agotando las reservas operativas, será necesario realizar cortes a la demanda".
En este contexto, el gobierno de Javier Milei tuvo la idea de frenar las obras de extensión de vida útil de Atucha I, aunque eso pueda suponer riesgos en la seguridad de la central nuclear, entre otras cuestiones.
Atucha I ya cumplió 50 años (hay pocos reactores nucleares en el mundo tan antiguos) y tiene licencia para operar hasta fin de este mes, tras lo cual debe encarar una parada técnica programada para modernizar algunos de sus componentes. El trabajo demandaría dos años y cerca de US$460 millones. La pregunta que muchos se hacen es si la intención de Javier Milei de frenar estas necesarias (y reglamentarias) obras de modernización tiene que ver con evitar cortes masivos de energía en el verano o si, en realidad, pretende ahorrar esos fondos millonarios y no alterar las cuentas del Estado. La seguridad nuclear no es un tema que deba tomarse a la ligera: en caso de accidente o falla, el efecto puede ser devastador para la zona (Fukushima y Chernobyl son ejemplos contundentes).
Trabajadores del complejo nuclear de Lima (Zárate, provincia de Buenos Aires) defienden la paralización de la central nuclear para encarar las obras previstas, a la vez que se quejaron por los nombramientos de funcionarios sin experiencia en el sector en el directorio de Nucleoeléctrica (NASA), la empresa estatal que gestiona las dos Atucha y Embalse. En tanto que a la vez rechazan que la firma sea privatizada, como surge de la Ley Bases.
La preocupación del gremio que concentra a los empleados más calificados de Nucleoeléctrica, la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica (Apuaye), fue expuesta en una carta a Luis Caputo: pidieron al ministro de Economía que se evalúen "otras alternativas para afrontar los picos de demanda eléctrica del próximo verano, a fin de no postergar la parada (de Atucha I) prevista para poder dar comienzo a las obras".
Remarcaron que "las tareas son clave para extender la operación por más de 20 años, mantener la potencia instalada nuclear y el nivel de diversificación de la matriz y conservar los conocimientos nacionales sobre la tecnología de uranio nacional y agua pesada".
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