La nueva pelea entre el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) y las compañías de telefonía e internet tiene como eje los aumentos de las tarifas de junio pero también de julio.
Es que en las próximas horas, el Gobierno autorizará oficialmente una suba del 3% para este mes y del 5% para el que viene. Sin embargo, las empresas ya anunciaron a sus clientes incrementos superiores a lo que ahora se habilita.
Estos aumentos fueron de 8% y 7% en los últimos dos meses (mayo y junio), con lo cual ahora el Enacom les reclamará que reintegren la diferencia a sus clientes.
Este viernes por medio de un comunicado recordó que según lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, cualquier modificación de los precios de los servicios TIC (telefonía fija, telefonía móvil, Internet y televisión por suscripción) debe contar con su aprobación previa.
Y advirtió que "en abril de este año se notificó a las empresas prestadoras que no se habían autorizado incrementos para los meses de mayo y junio de 2021. Por consiguiente, cualquier aumento dispuesto unilateralmente por parte de ellas deberá ser refacturado en julio, con devolución de los importes más el interés punitorio correspondiente, y sin posibilidad de corte de los servicios a las y los clientes que no hayan abonado hasta tanto no se efectúe la refacturación".
En tanto, el Gobierno adelantó que el próximo incremento se permitirá en diciembre.
Algunas de las empresas -como Telecom- ya judicializaron las medidas oficiales y obtuvieron fallos a favor. Fue a principios de año, cuando esa compañía aumentó 20% sus tarifas cuando el Gobierno había autorizado apenas 5%. La batalla judicial se encuentra en los tribunales.
En consecuencia, para los servicios de telefonía móvil, los aumentos autorizados desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021 no podrán ser superiores al 23%.
A partir de la revisión de diciembre de 2021, se elaborará una fórmula orientativa que contemplará un "precio justo, equitativo y razonable", según el Gobierno. Y que nunca podrá ser superior a las subas salariales y deberá encontrarse por debajo de las mismas.
La pelea de fondo viene de más lejos, cuando -en medio de la pandemia- el Gobierno decretó al servicio de telefonía, internet y tv paga como un servicio público. Y que, por lo tanto, se encuentra regulado por el Estado. Como sucede con las tarifas de luz y gas, por ejemplo.
Las empresas llevaron la negativa al Poder Judicial y, lo dicho, alguna de ellas (Telecom) obtuvo un fallo favorable.
"Es absurdo creer que una industria que tiene el 80% de sus costos de infraestructura en dólares, puede continuar en un contexto de congelamiento sin entrar progresivamente en una crisis de su capacidad de prestación", advirió la Cámara Argentina de Cableoperadoras (CACPY).