Así no es un paro en sentido estricto: los prácticos son profesionales independientes, sin relación de dependencia ni un gremio que pueda ordenar un cese colectivo de actividades. En los hechos, la medida implica un freno a las nuevas contrataciones de practicaje, mientras que los servicios previamente programados continúan realizándose.
La tarea de los prácticos consiste en asesorar a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los buques en ríos, canales y puertos. Su intervención es obligatoria en gran parte de la navegación comercial debido a las características de la Hidrovía y de los accesos portuarios argentinos.
Qué busca el decreto
La medida de fuerza comenzó el domingo y fue resuelta por los profesionales del sector en rechazo al Decreto 690/2026, publicado el pasado viernes por el Gobierno nacional, con la firma del presidente Javier Milei y del ministro desregulador y forma parte de la estrategia oficial para reducir el denominado "costo argentino" mediante la eliminación de regulaciones que, según el Gobierno, restringen la competencia y encarecen la actividad económica.
"El practicaje está totalmente desregulado hace 35 años. Lo que hace este decreto es modificar condiciones y requerimientos clave y aumentar exponencialmente los riesgos de la navegación", señaló al sitio 'Bichos de Campo' John Ryan, capitán de ultramar y actual presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje.
Es que la nueva reglamentación reemplaza un régimen vigente desde 1991 y elimina una serie de requisitos que el Ejecutivo considera obsoletos. Entre otras modificaciones, crea un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la Prefectura Naval; permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores; elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales; dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) establezca tarifas máximas para el servicio y obliga a publicar los precios para fomentar la competencia.
Además, elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales, amplía los casos en los que determinados buques quedan exceptuados de contratar el servicio obligatorio e incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.
La medida despertó preocupación dentro de la Armada por su posible impacto en la seguridad de la navegación y en el funcionamiento del sistema de practicaje.
Como dijo un oficial fluvial al sitio 'TradeNews', "el practicaje no nació para encarecer el comercio exterior. Nació para disminuir la probabilidad de accidentes en una actividad donde un único error puede comprometer vidas humanas, infraestructura estratégica, el ambiente y la continuidad de una parte sustancial de las exportaciones argentinas".
También generó un fuerte rechazo entre las empresas del sector, que sostienen que el decreto le da luz verde al ingreso de buques y operadores extranjeros con una supervisión más flexible que la vigente hasta ahora, además de modificar el esquema tarifario y abrir el mercado a una mayor competencia.
Advertencia por posible desabastecimiento
Según fuentes de la agroindustria, son más de 150 buques los que permanecen detenidos a la espera de poder ingresar o salir de los puertos. "Los barcos están parados porque requieren la asistencia del práctico para moverse", y en este contexto, desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) señalaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas se encuentran momentáneamente interrumpidas debido a la "indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector que representan", una situación que, advirtieron, podría generar dificultades de abastecimiento por inconvenientes en el transporte.
La interrupción alcanza las operaciones en los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, desde donde se desarrolla buena parte de la distribución de combustibles hacia todo el país.
La situación también afecta a Caleta Córdova (Chubut), un punto clave para el traslado de petróleo crudo hacia las distintas refinerías.
Desde la entidad agregaron que trabajan junto con las empresas afectadas y las autoridades competentes para encontrar una solución que permita restablecer el normal funcionamiento de los puertos.
La Prefectura Naval Argentina ya comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de manera inmediata la prestación del servicio. El organismo advirtió que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que la interrupción de esa actividad podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.
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